La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de ser el «responsable directo» de la falta de acceso a la vivienda en Galicia, «boicoteando soluciones que permitirían, por lo menos, controlar el precio de los alquileres».

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana en el Parlamento de Galicia, la responsable nacionalista ha censurado la falta de políticas en cuanto a vivienda, un «problema» que se está convirtiendo en una «auténtica trituradora» de las economías familiares.

Las consecuencias, ha apuntado, ya son visibles. La portavoz nacional ha facilitado algunas estadísticas, como que la tasa de esfuerzo para la vivienda «bate records» y se sitúa «por primera vez» por encima de lo recomendado, en un 32% de la renta.

Para Pontón, el PP lleva 17 años «boicoteando» las políticas públicas de vivienda, algo a lo que suma ahora los impedimentos para declarar ayuntamientos como zonas de mercado tensionado. Una medida, ha explicado, que permitiría por una parte, contener los precios de los alquileres, y por otra, que Galicia no perdiese «millones» de euros que se destinarían a políticas de vivienda pública.

Más concretamente, Pontón ha subrayado que son muchos los ayuntamientos en Galicia que cumplen los requisitos para ser declarados zonas de mercado tensionado.

«Por tanto, ante un problema de país, la Xunta debería dar soluciones y no simplemente boicotear», ha insistido, remarcando que los mercados tensionados son una herramienta que permitiría «actuar ya», además de ser una medida de eficacia «comprobada», citando a Cataluña.

«El PP está al lado de la especulación y no al lado de las familias. Y esa es una decisión ideológica que pagan las familias», ha denunciado.

GALICIA, CINCO MILLONES DE EUROS, Y CATALUÑA, 60

También respecto a esta medida, ha apuntado que Galicia solo recibirá cinco millones de euros del fondo estatal, al tener solo dos ayuntamientos acogidos a esa declaración; «municipios que consiguieron la declaración a pesar de la Xunta y no gracias a ella». Por contra, señala, Cataluña gana 60 millones de euros y Euskadi, 15,5 millones de euros.

Argumenta que lo que marca la legislación estatal es que debe el Gobierno autonómico el que tome la decisión. «Que sean los ayuntamientos los que la tengan que solicitar es una maniobra de la Xunta (…), que sabe que no tienen los medios necesarios».

Por eso los nacionalistas piden que sea el Ejecutivo gallego el que, de motu proprio, inicie los trámites para los municipios que se encuentren en esa situación, así como que deje de «ocultar» los datos respecto a los precios de los alquileres localidad por localidad. «Tiene esa información, pero eso dejaría en evidencia el grave problema que hay a lo largo del país. Es una responsabilida de la Xunta, que no puede delegar en los ayuntamientos»

«Esto es ideología. El PP es objetor de conciencia de la política pública de vivienda. Su teoría es que el mercado se regula solo y sí, pero a costa de la gente y en contra de la gente», ha lamentado.

Como «gobierno alternativo», ha explicado Pontón, además de estas dos medidas, solicitan que se aplique un régimen sancionador y de inspección para los ayuntamientos que ya cuentan con la declaración de zona tensionada de forma que se compruebe que se cumple lo estipulado. «Que deje (la Xunta) de echar balones fuera y derogue la disposición adicional por la que establece que deben ser los municipios los que pidan la declaración», señala.

Respecto al frente común que plantean A Coruña y Santiago ante las declaraciones de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en las que informaba de que sería la Xunta la que gestionase los fondos estatales para esos dos municipios, Pontón ha tachado la información de «inaceptable». «No es normal que ahora quieran quedarse con esos recursos y que no garantice que se vayan a invertir en esas ciudades. Creo que es inaceptable», ha censurado.