Vecinos del embalse de As Conchas (Ourense), con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, han presentado una demanda para solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ejecución forzosa de la «histórica» sentencia que declaró vulnerados sus derechos fundamentales debido a la inacción de la Xunta y la Conferederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS)ante la contaminación procedente de la ganadería industrial en la cuenca del río Limia, con especial incidencia en la presa.

En julio de 2025, el TSXG concluyó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) habían vulnerado derechos fundamentales de la población local, «incluidos el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua». La sentencia también reconoció que esta vulneración estaba provocada por la inactividad de ambas administraciones, a pesar de conocer desde hace años la situación de contaminación procedente de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia.

La resolución ordenó a la Xunta y a la CHMS adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para poner fin a la degradación ambiental del embalse de As Conchas, situado entre los municipios ourensanos de Bande y Muíños, y su entorno y garantizar el abastecimiento de agua limpia para la población de la zona. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo ratificó de forma definitiva la sentencia al inadmitir los recursos presentados por ambas administraciones.

Sin embargo, más de un año después de la sentencia y varios meses después de que esta adquiriera firmeza, la comunidad de As Conchas y las organizaciones que les respaldan denuncian que «las medidas exigidas por el tribunal siguen sin aplicarse».

«La demanda de ejecución no pretende sustituir a las administraciones en el ejercicio de sus competencias, sino garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia firme mediante la adopción de las medidas necesarias para restaurar el medio ambiente y proteger los derechos fundamentales cuya vulneración ya fue declarada por el tribunal», explican en un comunicado este jueves.

ACTUACIONES INSUFICIENTES

La demanda presentada señala que las únicas actuaciones comunicadas hasta la fecha consisten en el pago de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y la toma de muestras de calidad del agua. «Estas actuaciones son insuficientes para cumplir una sentencia que obliga a poner fin a la degradación ambiental de la cuenca, garantizar agua potable segura y restaurar el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya vulneración fue reconocida por el propio tribunal», subrayan.

La demanda indica que durante el último año se han seguido registrando episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas, persisten los problemas de contaminación y olores que sufren las comunidades locales y existen indicios de afectación aguas abajo, incluida la presa portuguesa de Lindoso.

En la demanda de ejecución presentada ante el TSXG, las demandantes desarrollan las actuaciones identificadas por la propia sentencia como necesarias para garantizar su cumplimiento efectivo y solicitan su cumplimiento. Entre ellas se encuentran la declaración de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos; una moratoria para nuevas explotaciones ganaderas industriales y para la ampliación de las existentes mientras no se revierta la degradación ambiental; programas integrales de inspección y control ambiental; sistemas reforzados de vigilancia de la calidad del agua y de los pozos destinados al consumo humano; protocolos de alerta rápida a la población; y planes de seguimiento de episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el medio ambiente.

Asimismo, las demandantes solicitan que el TSXG establezca plazos, responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, y que las administraciones informen periódicamente sobre las actuaciones adoptadas, de forma que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas por la sentencia.

Nieves Noval, abogada senior de ClientEarth, advierte que las administraciones «han tenido la oportunidad de cumplir la sentencia voluntariamente», pero «no lo han hecho». «Ahora corresponde al tribunal garantizar su ejecución. Porque los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado», afirma.

Igualmente, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, señala: «Retrasar la ejecución de la sentencia pone en peligro a la población de la zona, demuestra una gran falta de responsabilidad y vulnera sus derechos fundamentales. La resolución del tribunal es contundente e igual debe ser la acción de las administraciones que ahora deben tomar las riendas y proteger a la ciudadanía y su entorno. Es urgente restaurar la zona y restablecer el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano».

El director de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, David Sánchez, añade: «La sentencia de As Conchas ponía de manifiesto la gravedad del impacto de la contaminación sobre los derechos fundamentales de la población. La respuesta de las administraciones públicas no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros. Tienen que actuar de forma urgente y coordinada para restaurar los derechos de la población de la zona».