Representantes del Partido Popular de Lugo en el Congreso y el Senado visitaron este miércoles las instalaciones de Auxilia en la ciudad de Lugo para conocer de primera mano la actividad de esta entidad y anunciar la presentación de preguntas parlamentarias al Gobierno central por su exclusión de las ayudas estatales destinadas a organizaciones especializadas en el ámbito de la discapacidad.
Los senadores José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, junto con la diputada Cristina Abades, preguntarán al Ejecutivo por los motivos por los que Auxilia ha quedado fuera de las subvenciones de concesión directa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, después de haber recibido este apoyo durante los últimos años.
Como explica el PP, Auxilia es una entidad de voluntariado sin ánimo de lucro fundada en 1972. Con más de cinco décadas de trayectoria, desarrolla en la provincia de Lugo programas de atención, acompañamiento, integración y promoción de la autonomía de personas con discapacidad física y enfermedades crónicas.
La exclusión se produce tras la aprobación del Real Decreto 642/2026, de 29 de julio, que establece las entidades beneficiarias de estas ayudas.
Los populares quieren saber también si el Gobierno contempla corregir la decisión o adoptar alguna medida para compensar el impacto que pueda tener sobre la organización y sobre las personas a las que presta atención.
El PP sostiene que la medida supone «un enorme perjuicio» para Auxilia y advierte de que «compromete la continuidad de los programas destinados a las personas con discapacidad física y enfermedades crónicas».
Los representantes populares consideran especialmente difícil de entender la decisión porque el propio Real Decreto reconoce el papel esencial de las entidades especializadas en discapacidad para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, además de justificar estas subvenciones por su experiencia, especialización técnica y capacidad organizativa.
Por ello, los diputados y senadores lucenses reclaman explicaciones al Ejecutivo y califican la exclusión de «un nuevo castigo a Lugo», agravado, a su juicio, por afectar a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
