El Gobierno ha autorizado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 46,4 millones de euros a Galicia del importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades a distribuir entre las CC.AA..

La inversión total propuesta por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy para repartir a las comunidades y ciudades autónomas es de 432,8 millones de euros, para financiar programas de interés social, cifra que supone un aumento de un 15% respecto al año pasado.

Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad.

Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.

Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas.

Las convocatorias aprobadas por las distintas CCAA van destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza o exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad. En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos: discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.

El Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las CCAA de régimen común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.

El Acuerdo alcanzado en 2021 tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiraba el pasado mes de junio. Ante esta situación, y atendiendo «a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo», desde el Ministerio de Derechos Sociales se impulsó un acuerdo de prórroga por 2 años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028.