La licitación de varios contratos de 1.006 millones de euros autorizados por el Gobierno para la conservación de carreteras ha quedado paralizada tras la interposición de un recurso especial por parte de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).

La medida suspende temporalmente los trámites de los contratos licitados por la Dirección General de Carreteras hasta que se resuelva la impugnación, según figura en las actas de la licitación consultadas por Europa Press.

La partida estaba destinada a cubrir infraestructuras repartidas en diez comunidades autónomas: Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Asturias, Galicia y Andalucía.

El freno administrativo responde a las irregularidades denunciadas por ACEX, que sostiene que el sistema de adjudicación vulnera la Ley de Contratos del Sector Público al restringir la competencia y generar «indefensión» técnica a los licitadores, según figura en el recurso, adelantado por El Economista.

Según la organización empresarial, el presupuesto base de licitación omite el desglose obligatorio de los costes directos, indirectos y salariales por género y categoría profesional.

Ante estos motivos, la patronal exige la nulidad de las bases y la retroacción de las actuaciones para que la Administración redacte un nuevo pliego ajustado a los principios de transparencia y proporcionalidad.

La reanudación del proceso queda ahora condicionada a la resolución que dicte el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hasta que el órgano pronuncie su fallo, las licitaciones destinadas a la mejora de la seguridad vial y el firme en diez comunidades permanecerán congeladas.

Una de las primeras reacciones ha sido la de CETM, la patronal de transportistas, que ha emitido un comunicado este martes en el que traslada su preocupación por esta suspensión, al considerar que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, tienen que verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.

«El deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación», advierte.