La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular, Raquel Arias, y la diputada Nicole Grueira han reivindicado la consolidación de los CIM móviles, que «complementa la labor de los 84 Centros de Información á Muller existentes en Galicia, como «una herramienta esencial para informar, asesorar y atender a las mujeres del rural frente a la violencia de género».
«Hablamos de un recurso fundamental para seguir profundizando en una mayor concienciación y sensibilización de la sociedad en este campo», han destacado las diputadas populares durante una visita a un CIM móvil en Barreiros.
Desde la puesta en marcha del servicio, en el mes de febrero, y hasta finales de junio, han indicado que la provincia de Lugo registró un total de 40 atenciones de carácter social, psicológico y jurídico, como resultado de 72 visitas a 48 ayuntamientos. Un total de 19 de ellos recibieron más de una visita.
Las atenciones psicológicas constituyeron el principal ámbito de actuación del servicio en la provincia lucense, al representar el 72,5% del total de las intervenciones realizadas (29). A continuación, se situaron las atenciones sociales, con un 22,5% (9). Por último, figuran las de índole jurídica, con un 5% (2 de 40). Casi la mitad de las intervenciones, el 45% (18), se registraron en el mes de junio.
«TARIFAZO» DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
También este jueves los populares han denunciado que el Gobierno «pretende hacer caja» con los ayuntamientos de Lugo a través del «tarifazo» de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
«El Gobierno no puede acordar unas obras con unas condiciones y, cuando ya están hechas, inventar una nueva factura y obligar a los ayuntamientos a pagar con dinero que deberían emplear en otros servicios sa los vecinos», denuncian los populares.
La formación ha señalado a Baralla y Folgoso do Courel como «dos claros ejemplos» de la aplicación de este «tarifazo» al recibir este año liquidaciones de la Confederación Hidrográfica «por valores próximos a los 4.500 euros» en concepto de tarifa por utilización del agua «que no estaba prevista en los convenios firmados».
El PP llevará este asunto al Senado y al Congreso para exigir al Gobierno que aclare «cuántos convenios están afectados en la provincia de Lugo y qué cantidades ya reclamó o prevé reclamar».
