La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha afirmado que es la Xunta quien debe realizar el procedimiento de inspección y control para que se cumpla la zona de vivienda residencial tensionada, ya que las competencias en vivienda son de los Gobiernos autonómicos y es lo que se hace en otras CC.AA.

«Nosotros tenemos una obligaciones con ese plan de medidas correctoras. Todo el mundo tiene esas obligaciones que tiene que cumplir y por supuesto la posibilidad de hacer inspección para que se cumpla es de la Xunta», ha explicado en rueda de prensa tras ser cuestionada por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que los resultados de la zona tensionada son responsabilidad del Ayuntamiento.

Y es que, a preguntas de los medios tras entrar en vigor esta cuestión, el titular del Gobierno gallego argumentó que si la Xunta «quisiera boicotear algo, era tan fácil como no hacer esa declaración». Por lo tanto, «boicot cero», manifestó antes de señalar que a partir de ahora los resultados de la declaración serán «responsabilidad del Ayuntamiento».

En este contexto, la mandataria local se ha autopreguntando «¿quién sabe los contratos que hay y donde están depositados? y ¿quién lleva ese control?», indicando que no se hace a nivel municipal, por lo que es «lógico» que la inspección la haga la Xunta.

«Conseguimos una declaración de mercado residencial tensionado, yo puedo entender que hay alguna fuerza política que no esté de acuerdo y que sí esté de acuerdo. Ahora, una vez aprobada, eso hay que llevarlo a cabo, llevarlo a práctica. Creo que no hay mucho más que debatir», ha remarcado.

Asimismo, ha afeado que la Xunta «quiso poner palos en las ruedas» y «no conceder» la declaración a la capital gallega. «Habrá tiempo de mirar si a cabo de un año funcionó o no funcionó, y si hay que hacer ajustes, pero lo que no se puede hacer es no colaborar», ha subrayado, enfatizando que reclamarán al Ejecutivo autonómico que cumpla con su responsabilidad y competencia.

Con todo, ha concluido apuntado que cree que exactamente igual que pasó con la regulación de los pisos turísticos, y en otro tipo de cuestiones, al final la Xunta «acabará asumiendo sus competencias y responsabilidades».