El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela, que entrará en vigor este jueves y se extenderá durante un plazo de tres años. La aplicación de este medida permitirá contar con las medidas de contención de precios previstas en la ley estatal y de las contempladas en el plan elaborado a propósito por el Ayuntamiento.
Este municipio se ha convertido en la segunda ciudad gallega en entrar en esta clasificación, sumándose así a A Coruña, que obtuvo la declaración hace justo un año. Junto a Santiago, otras seis localidades españolas se han unido este miércoles al total de 317 que son consideradas oficialmente como zonas tensionadas. El Ministerio de Vivienda eleva a 9,3 millones las personas protegidas por este instrumento.
Entre otros, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler no podrán exceder el precio del anterior en la misma vivienda, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen contemplados con anterioridad. Asimismo, es obligatorio que el contrato recoja esta cuantía.
En los inmuebles de propietarios considerados como grandes tenedores, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable en base a los índices de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Esta misma limitación se aplicará a las viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.
En Santiago, serán considerados como grandes tenedores a las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de cinco o más viviendas. La ley fija esta definición por defecto en aquellos que poseen 10 o más, aunque da la posibilidad de ampliarla si así se solicita, como ha sido el caso de la capital gallega.
De igual modo, los contratos de alquiler de vivienda habitual sujetos a esta declaración podrán prorrogarse de manera extraordinaria por plazos anuales y por un periodo máximo de tres años, «durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor», según recoge la normativa estatal.
Además, se aplicarán incentivos fiscales en el IRPF previstos en la ley para los alquileres de vivienda que cumplan determinadas condiciones de precio o de perfil del arrendatario. Aparte, Santiago accederá a ayudas más cuantiosas en ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.
PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS
Además, conforme a lo obligado por la ley, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante este tiempo, que incluye varias para optimizar el uso del parque residencial, como el gravamen fiscal a las viviendas vacías; actuaciones para ampliar el parque de vivienda protegida, y medidas para mejorar la eficiencia de la administración.
Cabe recordar que el gobierno local puso en marcha en junio un servicio gratuito en materia de alquiler, que se presta telefónicamente los martes y presencialmente los viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Entre otras cuestiones, contempla precisamente consultas orientadas a resolver dudas sobre la zona tensionada.
VALORACIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ALCALDESA
Precisamente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha apuntado que la aplicación de este instrumento está dando «buenos resultados» en otros territorios, «donde los precios han bajado de forma significativa», ha asegurado en un audio remitido a los medios. Blanco ha apelado a «no aceptar» que la juventud siga vivienda con sus padres «porque no encuentra una vivienda a precio asequible» o que un trabajador destine «un 50 o 60 %» de su salario a esta cuestión.
Para la alcaldesa, Goretti Sanmartín, esto supone «llegar al final» de un «importante esfuerzo» realizado por el Ayuntamiento, especialmente por el servicio municipal de Urbanismo. En sus palabras, esta es una herramienta «muy importante» de cara a «garantizar el derecho a la vivienda digna». «Con esta declaración, continuamos un camino, como es el impulso a la vivienda protegida», ha celebrado la regidora.
LA XUNTA REITERA SUS CRÍTICAS A LA MEDIDA
Por otra parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, considera que esta «tiene los efectos contrarios a los que desea el propio Ayuntamiento». Pese a que finalmente autorizó la solicitud del ente local, el departamento ha criticado reiteradamente la aplicación de este instrumento.
«Se están retirando viviendas del mercado del alquiler», ha asegurado la responsable autonómica. Allegue ha tirado de los datos correspondientes a A Coruña, de tal manera que en julio de 2025 se formalizaron 727 contratos y, en mayo de este año, 320. En su lugar, aboga por «construir vivienda pública» y «premiar a los propietarios para que pongan a los propietarios».
