Activistas de Ecoloxistas en Acción y del Movimiento UIVO (Portugal) han ocupado este jueves terrenos de la mina de San Juan, promovida por Eurobattery Minerals en A Gudiña, para denunciar la tramitación de un proyecto que consideran que es «ilegal» y que afectará a un territorio de «elevado valor ambiental».

Casi una treintena de miembros de ambas organizaciones se han desplegado allí con una faja de 40 metros de longitud que exigía el fin de la «impunidad minera». Según han explicado en un comunicado, han acudido hasta allí tras la celebración de una concentración que ha reunido a más de un centenar de personas.

La mina proyectada se sitúa a «apenas dos kilómetros» de la frontera portuguesa, muy próxima al Parque Natural de Montesinho y a las cabeceras del río Rabaçal, que, en base a la organización ecologista, es un curso fluvial «de gran importancia ecológica y fundamental» para el abastecimiento de agua potable de numersosas poblaciones de Vinhais.

«A pesar de este evidente carácter transfronterizo, ni la autorización inicial ni la reciente prórroga de la concesión otorgada por la Xunta fueron sometidas al procedemento de evaluación de impactos transfronteirizos previsto en la normativa europea y en el Convenio de Espoo», ha criticado Ecoloxistas en Acción.

Además, la entidad ha recordado que, en enero de este año, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió diligencias para investigar un supuesto delito de prevaricación administrativa en la concesión por parte de la Xunta de una prórroga de 30 años a la explotación minera.

Según la organización ecologista, que presentó la denuncia contra el Gobierno gallego y el administrador de Eurobattery Minerals, la autorización fue concedida «pese a existir resoluciones judiciales firmes que obligan a someter cualquier prórroga a una nueva evaluación de impacto ambiental».