La Junta de Andalucía y los gobiernos de Valencia, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que traslade a la Comisión Europea las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. De esta forma, Andalucía impulsa el frente común que ha solicitado, a través de una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen, que haga llegar a Bruselas las aportaciones presentadas a la reforma durante el trámite de información pública del proyecto reglamentario.

En este contexto, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha señalado que «es fundamental que la Comisión conozca el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas que ostentan competencias en materia de litoral», advirtiendo que «nos preocupa que las instituciones europeas cuenten con toda la información antes de adoptar decisiones en el proceso de infracción abierto a España», según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Fina Martínez ha explicado que, en el escrito remitido a la ministra, «las autonomías recordamos que el procedimiento europeo discute la compatibilidad con el Derecho de la Unión de diversos aspectos de la normativa española de costas», la Ley 22/1988, de Costas, la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 y el Reglamento de Costas.

Por ello, ha incidido en cuestionar que el Gobierno central haya decidido modificar únicamente el Reglamento General de Costas, «aplazando la reforma de las normas con rango de ley que precisamente la Comisión Europea considera afectadas, lo que generaría una falta de seguridad jurídica».

Para la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Gobierno andaluz, en un proceso de esta transcendencia, no se puede dejar a un lado que las administraciones autonómicas de la costa tienen competencias directas en materia de litoral, ordenación del territorio, medio ambiente, puertos, pesca o acuicultura.

«Ya es especialmente grave que el Ejecutivo central haya optado por ignorar la posición ampliamente compartida entre las comunidades, que reclaman la paralización de la tramitación del Reglamento hasta que se acometa una revisión integral de la Ley de Costas, por lo que entendemos que debe ser innegociable que este posicionamiento sea tenido en cuenta en el seno de la Comisión Europea».

Al respecto, ha subrayado, además, que «avanzar en una modificación reglamentaria sin atender al hecho de que las modificaciones propuestas inciden directamente en competencias autonómicas, actividades económicas estratégicas y modelos de gestión territorial muy diversos generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar».

El escrito remitido al Ministerio concluye con la petición expresa de trasladar estas alegaciones a Bruselas, con el objetivo de incorporar la visión de la mayoría de las costas españolas al expediente europeo.

Esta reclamación unitaria está firmada por la consejera andaluza Fina Martínez; el vicepresidente tercero valenciano, Vicente Martínez Mus, la conselleira gallega Ángeles Vázquez, el consejero murciano Jorge García, el consejero balear Juan Manuel Lafuente, y el consejero cántabro Roberto Media.