El Consello da Xunta ha dado este lunes el visto bueno al proyecto de decreto por el que se aprueba el nuevo reglamento del Instituto de Medicina Legal e Ciencias Forenses de Galicia con el que sustituye el vigente de 2005.
El objetivo, conforme ha informado el Gobierno gallego, es adaptar la regulación autonómica al marco estatal vigente y actualziar la organización, estructura y funcionamiento del organismo, reforzando su carácter multidisciplinar y mejorando la calidad del servicio público prestado a la ciudadanía y a la Administración de justicia.
De este modo, el proyecto introduce una ordenación actualizada de los órganos de dirección, define la estructura territorial del instituto, concreta las funciones de distintos servicios y refuerza aspectos vinculados a la formación, investigación, colaboración institucional y transformación digital.
Una de las novedades es la modificación de la denominación del organismo, hasta ahora conocido como Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).
Se introducen también cambios organizativos derivados de la experiencia acumulada, entre los que destacan la incorporación de los partidos judiciales de Lalín y de A Estrada al ámbito de la Subdirección Territorial de Pontevedra.
También se desligan las funciones de la dirección de las funciones propias de la subdirección territorial de Santiago. Además, los miembros electos del Consello de Dirección se amplían a otros colectivo profesionales periciales con destino en el instituto.
También se regulan las unidades de valoración forense integral y se reconoce también la posibilidad de desarrollar actividades docentes, investigadoras y de colaboración en el ámbito de la medicina legal y forense.
Otras novedades funcionales son la previsión de secciones especializadas en la valoración del deño corporal, psiquiatría forense y valoración psicosocial o la posible creación de un laboratorio forense, en función de las necesidades organizativas y funcionales.
AYUDAS A ONGD
En su reunión de este lunes el Consello de la Xunta también ha dado luz verde a las ayudas a proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía que ejecutan las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).
En concreto, esta convocatoria financia actividades relacionadas con las sensibilización, concienciación, formación e investigación sobre el desarrollo, así como la incidencia y la movilización social para crear redes de solidaridad en la comunidad.
