El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado este viernes su «respeto» por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, pero ha insistido en su crítica a esa norma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha subrayado, «vendió la igualdad de todos los españoles por un interés personal».

Lo ha hecho a preguntas de los medios de comunicación respecto a que la Gran Sala del TJUE haya avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) «para la normalización de Cataluña», al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión.

Ha sido en una rueda de prensa convocada por el PP en A Coruña en la que ha estado acompañado por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo. «Nunca fue un debate solo jurídico sino también político y ético», ha incidido Tellado para destacar que «ningún presidente puede cambiar poder a cambio de impunidad».

«Estamos absolutamente en contra y muy orgullos de habernos opuesto, de la mano de la inmensa mayoría de españoles de la calle, a esta Ley de Amnistía», ha reiterado.

Asismo, ha expuesto que «el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales para personas con nombres y apellidos a cambio de una mayoría parlamentaria que le permite ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones generales del 23 de julio de 2023».

DOS CUESTIONES PREJUDICIALES

Con dicho fallo, la Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE. Dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó que afectara a intereses financieros de la UE, ni que fuera una «autoamnistía», aunque esta última referencia no aparece en las sentencias.

En este sentido, Tellado ha explicado que esa resolución del TJUE responde a las cuestiones prejudiciales que habían planteado los tribunales españoles y ha señalado que «no hay malversación de fondos comunitarios» y «la amnistía no contraviene el advenimiento jurídico comunitario».

«No avala en ningún caso ni la constitucionalidad ni la oportunidad política de esta transacción política que ha sido intercambiar votos para una investidura a cambio de impunidad judicial para personas incursas en procesos judiciales», ha sentenciado.