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Una empleada del SAF podrá dejar una casa por riesgo de agresión, pero se dará «atención alternativa», dice el protocolo

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El protocolo para prevenir y actuar ante situaciones de violencia externa en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) establece que las trabajadoras podrán abandonar el domicilio cuando exista riesgo de agresión, ya sea por parte de personas que convivan con la persona dependiente o por la presencia de animales. En esos casos, se garantiza que la persona dependiente recibirá una «atención alternativa».

La elaboración de este documento ha sido impulsada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) tras el fallecimiento, el pasado año, de una trabajadora del SAF, Teresa de Jesús González, presuntamente asesinada por la pareja de la persona dependiente a la que atendía en el municipio pontevedrés de O Porriño.

Tras meses de trabajo, el protocolo ha sido rubricado este martes por el presidente de la Fegamp, Alberto Varela; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la gerente del ISSGA, Adela Quinzá-Torroja; la presidenta del Colexio Oficial do Traballo Social, Rosario Capelo; la secretaria general de CC.OO. Habitat Galicia, Alejandra Gesto; el secretario de Organización de CIG Servizos, Pedro Pérez; la responsable de Administración Local de CSIF Galicia, Yolanda Martínez; el secretario del sector de la Dependencia de UGT SP Galicia, Javier Martínez; el representante de ASADE, Alberto Domínguez; y la secretario de AGESAF, Francisco Montoto.

Al acto también ha asistido la subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Mercedes Dolores Cardelle, que no ha rubricado el acuerdo. No obstante, fuentes de la Consellería de Política Social consultadas por Europa Press han defendido que el protocolo «sí está firmado por la Xunta» a través del ISSGA, dependiente de la Consellería de Emprego, y han subrayado que «están de acuerdo» con el documento.

«ANÁLISIS DIARIO» DE FACTORES DE RIESGO

Según ha explicado la Fegamp, el protocolo establece un «amplio» procedimiento de actuación frente a situaciones de violencia que contempla el análisis diario de los factores de riesgo, tanto por parte de personas que convivan con la persona dependiente como por animales; la posibilidad de abandonar el domicilio cuando exista peligro; la activación de los sistemas de alarma y la comunicación con el 112.

Todos estas actuaciones deberán realizarse en coordinación y comunicación inmediata con los responsables del servicio y se garantiza que la persona dependiente reciba una «atención alternativa».

El documento, según ha indicado la Xunta a través de un comunicado en el que ha puesto en valor el protocolo, incide en la importancia del entorno de trabajo, la organización de las tareas, la seguridad y la formación específica como elementos clave para reducir riesgos y mejorar el desempeño profesional.

En este sentido, recomienda mantener activo el teléfono móvil durante toda la jornada, prever el acompañamiento temporal cuando las circunstancias lo requieran, reforzar la coordinación con los servicios sanitarios y aumentar el seguimiento en casos con antecedentes de conflicto.

También apuesta por reforzar la formación de los trabajadores en prevención de la violencia, comunicación efectiva, resolución de conflictos y control de la tensión.

Además, establece un sistema progresivo de actuación, desde la prevención hasta la respuesta ante una agresión, con pautas para anticipar riesgos, reducir la conflictividad y actuar cuando la tensión aumente, siempre «priorizando» la integridad física y emocional de los profesionales y con el «apoyo inequívoco» ante la decisión de pausar el trabajo mientras la situación no mejore.

Asimismo, recoge la importancia de que los ayuntamientos dispongan de un registro unificado para todas las entidades prestadoras y de un seguimiento de los incidentes, con el objetivo de facilitar su evaluación y, si fuese necesario, coordinar con las administraciones la adopción de medidas correctoras.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha precisado que la primera reunión de seguimiento se celebrará a los seis meses de la firma del protocolo y que las posteriores revisiones serán anuales o cuando se produzcan cambios normativos o circunstancias extraordinarias que afecten al documento.

DOCUMENTO DE «COMPROMISOS Y CAMBIOS NORMATIVOS»

Además del protocolo, también han firmado –con la excepción del ISSGA y de la Consellería de Política Social– un «documento de compromisos y cambios normativos» con el objetivo de «garantizar la aplicación del protocolo», según ha indicado la FEGAMP.

Esta decisión de la Xunta ha sido criticada por CIG y CC.OO. En concreot, la CIG ha denunciado la «falta de voluntad política» de la Xunta para garantizar una «protección efectiva» y ha lamentado que el ISSGA se «limitó a ratificar únicamente el protocolo, negándose a asumir el compromiso político y técnico necesario para hacer efectivas las medidas acordadas».

Por su parte, CC.OO.-Hábitat ha sostenido que la decisión de la Consellería de Política Social de «no ratificar el documento» supone «dar la espalda no solo a las trabajadoras del SAF, sino al amplio consenso alcanzado» por el sector.

Frente a estas críticas, las mismas fuentes de la Consellería de Política Social han asegurado que «procederán a valorar» las diferentes peticiones recogidas en el documento con el objetivo de mejorar el servicio prestado.

VARELA VALORA EL TRABAJO REALIZADO

En el marco de la firma de este protocolo, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela ha aludido a la «complejidad del asunto y a la realidad del SAF» y ha destacado el trabajo desarrollado de forma «constructiva y plural», que ha permitido llegar a «consensos» sobre el contenido del documento.

«El proceso de elaboración del protocolo ha servido para evaluar de forma exhaustiva las dificultades en la aplicación de las medidas preventivas de riesgos en el desarrollo de la actividad del SAF sobre las personas dependientes atendidas en sus domicilios», ha remarcado.

Asimismo, ha advirtido de que «la alta demanda» del servicio y las particulares condiciones territoriales de cada ayuntamiento, «junto con la falta de financiamiento que padece, hacen cada vez más complicada su gestión por los ayuntamientos».

COLABORACIÓN PARA «REFORZAR LA CALIDAD» DEL SAF

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco ha remarcado el valor de la colaboración entre administraciones para «reforzar la calidad» de este servicio y ha hecho referencia a la financiación estatal de la dependencia que «contribuirá a mejorar» la atención a los usuarios y las condiciones en las que desarrollan su trabajo las profesionales del SAF.

«No puede haber una atención de calidad a las personas dependientes sin profesionales protegidas, reconocidas y con recursos suficientes para desarrollar su trabajo», ha señalado Pedro Blanco.

A renglón seguido, ha apuntado que, el incremento de la financiación del sistema de dependencia, tendrá «un impacto directo» en Galicia, al «reducir en un 62,3% las listas de espera, incorporar 15.938 nuevas personas al sistema y superar las 111.700 personas atendidas».

Pedro Blanco ha agradecido al presidente de la FEGAMP y al municipalismo gallego «su compromiso con la defensa y la mejora de los servicios públicos locales».

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