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El Parlamento gallego insta al Gobierno central a reformar los incentivos para plazas sanitarias de difícil cobertura

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El Parlamento de Galicia, con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular de Galicia (PPdeG) y una abstención, ha aprobado este martes una Proposición no de ley (PNL) en la cual se insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para reclamar una reforma legal de los incentivos para los profesionales que ocupen plazas sanitarias de difícil cobertura.

En concreto, la iniciativa, presentada por el PPdeG y defendida en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego por la diputada Encarna Amigo, reclama que se regulen de manera «específica y homogénea» los incentivos para estos profesionales. Además, defiende que el acceso a estos puestos se realice mediante el sistema de concurso de méritos.

Según el texto, «la falta de un marco estatal común» ha obligado a comunidades como Galicia, Aragón o Castilla y León a aprobar leyes autonómicas «singulares» para garantizar la asistencia, generando un «mosaico desigual» de soluciones territoriales.

Durante su intervención, la diputada ha subrayado que la cobertura estable de estas plazas es uno de los «mayores desafíos» de la historia reciente del Sistema Nacional de Salud (SNS). Amigo ha advertido que no se trata de un «problema coyuntural ni exclusivo» de Galicia, sino de una realidad que afecta especialmente a la medicina familiar, la comunitaria y a la pediatría.

La parlamentaria ‘popular’ ha criticado que el Ministerio de Sanidad se dedique a promover «medidas vacías de contenido pero repletas de eslóganes ideológicos» mientras los ciudadanos padecen la «falta de profesionales». En este sentido, ha remarcado que la competencia exclusiva sobre la legislación básica de la función pública sanitaria recae en el Gobierno central.

Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado ha avanzado el voto en contra de su formación a esta iniciativa y ha cuestionado si se trata de «una declaración unilateral de dependencia o es básicamente la convicción de incompetencia para que venga el Ministerio a resolver».

«Nosotros estamos muy orgullosos de tener en Galicia la competencia del sistema sanitario. No nos gusta cómo se dirige ahora pero nosotros queremos mantener las competencias, porque, a este paso, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿El Partido Popular va a pedir al Estado que decida cómo se distribuyen los servicios?», ha afeado Torrado.

Asimismo, ha instado al Gobierno de la Xunta a «asumir su competencia y su responsabilidad» y ha insistido en que es el Servizo Galego de Saúde (Sergas) «quien tiene que dirigir el sistema sanitario».

En esta línea, la diputada del BNG Montse Prado, que también ha adelantado el voto en contra de su formación, ha afeado que esta iniciativa «propone menos Galicia y más España» y ha acusado al Gobierno gallego de «actuar de ejército de ocupación al servicio de la metrópoli».

«Lo que demanda esta iniciativa es que en cuestiones donde Galicia tiene competencias plenas como es la organización del trabajo, como es la valorización de los puestos de trabajo, las condiciones laborales de sus profesionales, pues transferirla y que sea España quien regule para todos», ha aseverado Prado.

«Esta iniciativa no busca confrontación, sino soluciones», ha sentenciado Encarna Amigo, incidiendo en que el sistema requiere una respuesta «estructurada». «Ustedes utilizan este problema para buscar culpables y el Gobierno de Rueda busca soluciones. Esa es la realidad, y hay una cosa que es incuestionable, que es la falta de médicos especialistas que sufre todo el país, no solamente Galicia», ha concluido la diputada del PPdeG.

LISTAS DE ESPERA «OCULTAS»

Por otro lado, la Comisión 5ª ha sido el escenario de un intenso debate centrado en la gestión de las citas hospitalarias y la transparencia de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Mientras el BNG y el PSdeG han denunciado un sistema diseñado para «ocultar» las listas de espera, el Grupo Popular ha defendido la gestión autonómica situando a Galicia como una de las comunidades con menor demora quirúrgica de España.

En concreto, la diputada del BNG Iria Carreira ha defendido una proposición no de ley –que no ha salido adelante con los votos en contra del PP– para exigir un cambio en el protocolo de asignación de citas. Según los datos aportados por la formación nacionalista, a finales de 2025 unas 248.000 personas aguardaban por una consulta y 123.000 estaban pendientes de pruebas complementarias.

Carreira ha criticado la «moda» de no entregar un resguardo físico al paciente en el mostrador, sustituyéndolo por un aviso vía SMS que, a su juicio, deja al usuario sin un documento acreditativo de su solicitud. Para el BNG, este sistema supone una «vulneración del derecho a la información» y se utiliza para «ocultar listas de espera», llegando a citar demoras de hasta un año en servicios como psiquiatría en Lugo.

Por su parte, el socialista Julio Torrado ha avanzado el voto a favor de su grupo, calificando el actual sistema de cómputo de las listas de espera como una «milonga enorme» que no refleja la realidad que viven los pacientes.

Torrado ha abogado por una reforma integral en la forma de contabilizar las esperas, proponiendo que se asigne una cita desde el primer momento para establecer una «referencia temporal real». Según ha denunciado el diputado del PSdeG, muchos pacientes «esperan meses» antes de entrar en las estadísticas oficiales.

Frente a estas críticas, la diputada del PP Encarna Amigo ha rechazado la iniciativa asegurando que la oposición construye su discurso sobre un «relato falseado» y una «fotografía antigua». La representante popular ha defendido que Galicia es la cuarta comunidad con menor espera quirúrgica de España, con una media de 73 días frente a los 120 de la media nacional.

Con todo, ha tachado de «falta a la verdad» las acusaciones de ocultación y ha defendido que el Sergas actúa con «máxima transparencia». En su intervención, Amigo ha recriminado al BNG y PSdeG que busquen «desacreditar al Sergas» y «cimentar la desconfianza» de los pacientes, concluyendo que la iniciativa responde a un «profundo desconocimiento» del funcionamiento del sistema sanitario.

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