Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado este viernes ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de junio que declaró «favorable» el estado de conservación del lobo ibérico (Canis lupus) en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea.

El acuerdo se aprobó a propuesta de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

«El propio informe técnico del Ministerio reconoce que la ficha impuesta por estas cuatro comunidades autónomas adolece de justificación científica. No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica», ha explicado Ecologistas en Acción.

Al respecto, portavoz de la organización ecologista, Theo Oberhuber, ha recalcado que el hecho de que una especie deje de estar protegida «no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos».

En su opinión, detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas «subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal». Al respecto, ha señalado que entre 2025 y principios de 2026 Cantabria «mató más lobos de los que marcó su propio plan» y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros. «Hoy mismo Asturias publica su llamado plan de gestión, una estrategia de aniquilación que pretenden blindar con cobertura de decreto», ha sostenido Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

«CLAVE» PARA EL EQUILIBRIO DE ECOSISTEMAS

El lobo ibérico es una especie «clave» para el equilibrio de los ecosistemas de la Península, ya que regula las poblaciones de ungulados silvestres y contribuye al control de enfermedades como la tuberculosis bovina, según han destacado ambas organizaciones.

Pese a ello, su población –estimada en 333 manadas– sigue lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. Buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse, y la población de Sierra Morena, la más meridional de Europa occidental, se extinguió hace apenas una década. Sin esa expansión territorial, han advertido las organizaciones, cualquier declaración de buen estado de conservación «es, cuando menos, imprudente», según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

«El propio Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que no se puede autorizar la extracción de una especie mientras su estado de conservación sea desfavorable. Si se remite este informe sexenal a Bruselas, contrario a la mejor evidencia científica, ese único obstáculo legal frente a la caza del lobo desaparece de la noche a la mañana», han señalado Jaime Doreste Hernández y Sara González Merinero, letrados de las organizaciones recurrentes.

USAR «TODAS LAS HERRAMIENTAS LEGALES»

Frente a «estrategias de desinformación que llaman ‘controles de población’ a lo que es simplemente matar lobos», la sociedad civil tiene que usar «todas las herramientas legales a su alcance». «Los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda», ha añadido Oberhuber.

En este contexto, ha asegurado que las organizaciones recurrentes seguirán en los tribunales «las veces que haga falta». «Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos», ha concluido Ernesto Díaz.

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español que trabaja por la defensa del medio ambiente y una sociedad más justa y sostenible.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, impulsado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, es una iniciativa destinada a financiar acciones legales, de comunicación y de educación ambiental que cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones de España y Portugal.