La Consellería de Sanidade solicitirá, junto al resto de departamentos autonómicos, un «replanteamiento total» del Estatuto Marco, que se debatirá junto al Ministerio en el Consejo Interterritorial de este viernes. La Xunta cree que se trata de un texto «excesivamente reglamentista» y que «no» aborda el déficit de profesionales, el «tema fundamental» a su juicio.

Esta es la posición que ha fijado el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, antes del inicio de la reunión, en la que, pese a una orden del día «eterno» –en sus palabras–, «echa de menos» la presencia de «otros problemas», como la mencionada falta de profesionales en determinadas especialidades. De igual modo, ha apuntado que esta se ha visto agravada por la huelga por un Estatuto Marco propio para facultativos.

En este sentido, ha reclamado que esta regulación aborde esta última cuestión e incluya una memoria económica, técnica y jurídica, dado que cree que el texto del texto supone un «retroceso» y ha aludido a las alrededor de 14.000 alegaciones presentadas contra el borrador. «Es excesivamente reglamentista y regulador», ha opinado.

También ha exigido un periodo de transición de todo el sistema sanitario al nuevo marco normativo, que, según ha explicado, «exige más cofinanciación y exige más descansos» para los profesionales. «Estamos de acuerdo, pero insisto en adaptar y transicionar de una manera ordenada a este nuevos sistema», ha pedido.

«Todas las comunidades autónomas vamos a pedir un replanteamiento total de este borrador, incluso partir desde cero y la retirada de este», ha apuntado. Gómez Caamaño cree que el objetivo debe ser buscar un marco normativo en el que «todos» –«las administraciones y los profesionales», ha citado– se encuentren «cómodos».

Además, cree que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su «incapacidad para solucionar el problema», que piensa que «trasciende» a la cartera e implica al Gobierno central en su conjunto. «El presidente también se pone de perfil y devuelve la pelota al Ministerio, con lo cual no hay nuevos avances», ha afeado.

VIGO VUELVE A SER SEDE DE LOS EXÁMENES MIR Con todo, el conselleiro ha celebrado que el Ministerio haya decidido que Vigo sea recuperada como sede de los éxamenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) tras ser suprimida en la última convocatoria, celebrada en 2026. Esta fue una decisión que, en palabras de Gómez Caamaño, fue «unilateral».

«Desde la Consellería insistimos mucho e incluso yo mismo hablé con la ministra para recuperar esta sede», ha apuntado el responsable autonómico, que ve esta noticia como «excelente».

LA MINISTRA RECHAZA RETIRAR EL ESTATUTO MARCO

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su rechazo a retirar el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco y ha vuelto a insistir en que materializar las mejoras que reivindican los profesionales sanitarios es «competencia exclusiva» de las comunidades autónomas, tras lo que ha criticado que las gobernadas por el Partido Popular «no quieren asumir sus responsabilidades».

En estos términos se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios previas al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), después de que el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades autónomas ‘populares’, le haya exigido que resuelva el conflicto y elabore un Estatuto Marco «dialogado» y «consensuado».

«Retirar el Estatuto Marco significa no mejorar las condiciones laborales de los profesionales, (…) que nos quedemos con el Estatuto Marco del Partido Popular del año 2003 (…), retirar los tres años de trabajo (…). Significa quedarnos en un ‘statu quo’ que mantendría todos los elementos que son de malestar por los cuales se están manifestando los profesionales», ha aseverado.

García ha reprochado a las comunidades autónomas que, en el último CISNS, centrado en el Estatuto Marco y la huelga médica, «decidieron no desbloquear el conflicto» cuando tenían la «oportunidad» de votar a favor de las medidas reivindicadas por los profesionales, que son «competencia exclusiva» de las CCAA.