El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social en la UE, que establece que el país donde un trabajador transfronterizo haya cotizado al menos 22 semanas será el responsable de pagar su prestación por desempleo, obliga a notificar previamente la mayoría de desplazamientos temporales de trabajadores entre Estados miembro y refuerza la cooperación entre las administraciones nacionales para prevenir el fraude.

Según datos de la Xunta de 2024, entre Galicia y Norte de Portugal hay más de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente la ‘Raia’ para ir a trabajar.

Con 511 votos a favor, 87 en contra y 61 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han dado así luz verde a dichos cambios, que aún deberán ser adoptados formalmente por los Estados miembro antes de su entrada en vigor, tras años de negociaciones.

En materia de desempleo, el nuevo marco aclara cómo deben computarse los periodos de trabajo, actividad por cuenta propia o cotización acumulados en distintos países de la UE para determinar el acceso a la prestación y amplía de tres a seis meses el plazo durante el que una persona podrá seguir cobrando el paro del Estado del que procede mientras busca empleo en otro país de la Unión.

Esta última posibilidad podrá prolongarse hasta agotar el derecho reconocido, mientras que, en el caso de los transfronterizos, las nuevas reglas buscan que la prestación sea abonada por la Administración del país en el que el trabajador ha desarrollado su actividad y no por la de residencia cuando no haya cotizado allí.

En cuanto a los trabajadores desplazados, la revisión mantiene que quienes sean enviados temporalmente a otro país de la UE durante un máximo de 24 meses sigan afiliados al sistema de Seguridad Social del Estado de origen, siempre que no sustituyan a otra persona enviada previamente y hayan estado asegurados en ese lugar durante al menos tres meses antes del traslado.

MÁS CONTROL PARA COMBATIR EL FRAUDE

La norma fija también que las autoridades nacionales deberán ser informadas antes de que el trabajador empiece su actividad en otro Estado miembro, aunque exime de este trámite a los viajes de negocios y a los desplazamientos de hasta tres días, salvo en el sector de la construcción.

El texto revisa además los criterios para determinar dónde opera realmente una empresa cuando desarrolla actividad en varios países de la Unión, de modo que no solo se tenga en cuenta su dirección formal, sino también dónde adopta sus decisiones principales, dónde genera negocio o dónde celebra sus juntas generales.

Con ello, los cambios pretenden reforzar el control sobre prácticas abusivas como el uso de las denominadas ‘empresas buzón’, sociedades registradas en un país en el que apenas tienen actividad real para beneficiarse de menores costes o controles, al tiempo que se facilita el intercambio de información entre administraciones para detectar errores y fraudes.

La reforma incorpora asimismo una definición común de los cuidados de larga duración y un listado de las prestaciones cubiertas por estas reglas, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica a las personas que necesitan asistencia y a quienes se ocupan de ellas.

También aclara la diferencia entre las prestaciones familiares destinadas a compensar la pérdida de ingresos cuando un progenitor reduce o abandona temporalmente su actividad para cuidar de un hijo y el resto de ayudas familiares, una distinción con la que se busca evitar desincentivos económicos para quienes reducen su jornada por motivos de crianza.

Por otro lado, el texto recoge, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que los ciudadanos europeos que no trabajen ni busquen empleo no podrán ser excluidos de un sistema de cobertura sanitaria cuando cumplan las condiciones para contribuir a él.