La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha defendido las acciones puestas en marcha por la Consellería do Mar frente a la extensión de la alga asiática (‘Rugulopteryx okamurae’), establecidas «con rigor científico».

En la Comisión de Pesca, la diputada del BNG Rosana Pérez ha urgido a la Xunta a poner en marcha medidas tras denunciar la flota de la ría de Arousa que los aparejos aparecen «llenos» de algas asiáticas. «Puede ser una catástrofe», alerta. Pide estudiar los efectos en la pérdida de bivalvos y la disminución de la productividad.

En respuesta, Suárez ha señalado que la conservación de la biodiversidad y el seguimiento de especies exóticas invasoras corresponde al Estado, al tiempo que ha apuntado que la limpieza de playas es obligación de los municipios. No obstante, niega que Mar vaya a «evadir responsabilidades» y dice que actúa en el marco de sus competencias, como es la protección de los bancos marisqueros.

Así, ha detallado que se creó un grupo de trabajo interdepartamental que dio lugar en 2025 al Plan de Xestión da Biomasa de Galicia, el cual coordina la recogida, transporte y almacenamiento.

A ello se suma el proyecto Algasdet, una iniciativa en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con más de 200.000 euros de presupuesto –con financiación europea del Fempa–. Incluye avances en el marcador para detectar «de forma inequívoca» su presencia, además del muestreo en 90 puntos de toda la costa para vigilar su presencia.

SIN INGRESOS EN EL MARISQUEO A FLOTE

Por otra parte, la diputada socialista Paloma Castro ha denunciado la situación de los mariscadores a flote de la ría de Arousa, que llevan nueve meses sin ingresos. Urge que abone ya a cerca de 300 familias ayudas de los fondos europeos Fempa por el cierre de los bancos de Cabío, Bohído y Lombos do Ulla.

También ha criticado que Mar solo ha firmado «cinco convenios» con cofradías gallegas para la regeneración de bancos marisqueros, en los cuales «hasta ahora el sector no vio ni un euro».

En respuesta, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha asegurado que la Xunta actuó «con rapidez, con rigor y honestidad».

Defiende Suárez la «anticipación y rigor científico» del Ejecutivo gallego. Contrapone esta cuestión con el «abandono» del Gobierno central, al que requiere mayor protección social hacia las mariscadoras.

Pone en valor un plan de choque que cuenta con un presupuesto de 33,6 millones para los años 2026 y 2027, cofinanciado por el fondo europeo Fempa.

NUEVA NORMATIVA PARA PESCADORES SUBMARINOS

En otro orden de cosas, Rosana Pérez (BNG) ha puesto el foco sobre la «discriminación» que sufren los 3.000 pescadores submarinos que cuentan con licencia en Galicia, ya que sufren limitaciones que «solo existen en la legislación gallega». Expone que entre octubre y abril solo pueden pescar en fines de semana y festivos, además de restricciones horarias y de exclusión de zonas de pesca.

Sobre este extremo, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha explicado que se trabaja en un borrador de actualización de pesca marítima recreativa con el que «responder a las necesidades actuales» del sector, pues la actual normativa data de 2009. Destaca que se abrirá para recoger las alegaciones y aportaciones de las partes implicadas.

También recuerda Rosón que la publicación en febrero de 2025 del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/274, relativo al control y registro de las capturas pesqueras, obligó a reconsiderar el calendario de tramitación para evitar posibles duplicidades con la futura normativa estatal.

UN CUARTO DE SIGLO DE CETMAR

Por otra parte, la directora del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), Rosa Chapela, ha dado cuenta de los 25 años que cumple este ente, que afronta este aniversario con 52 proyectos vigentes y más de 4,5 millones de euros de inversión.

Señala que la labor del centro se observa en el diseño técnico del plan de marisqueo gallego, la copresidencia de grupos expertos en Bruselas o la mejora de la seguridad alimentaria en más de 15 países en vías de desarrollo.