Una exagente bancaria de de Monterroso ha aceptado este martes cinco años de prisión y varias multas tras declararse culpable de estafar 250.000 euros a cuatro familiares. La vista, fijada en la Audiencia Provincial de Lugo, no llegará a celebrarse tras el acuerdo alcanzado por las partes.

En concreto, el acuerdo tuvo en cuenta la concurrencia de una circunstancia atenuante relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes, concretamente cannabis, y las patologías psiquiátricas derivadas de esa adicción. Según se expuso durante la vista, la mujer padecía trastorno bipolar y depresión, una situación que le provocaba conductas compulsivas, entre ellas compras reiteradas e incontroladas.

Actualmente, se encuentra en tratamiento de deshabituación, permanece en abstinencia y continúa bajo seguimiento psiquiátrico especializado.

Según la acusación, la mujer, que era agente de un banco en su localidad, gestionó el dinero de sus tíos y primos entre los años 2012 y 2019. En ese tiempo, como describe la Fiscalía, «fingiendo realizar sus funciones como agente», realizó presuntamente actuaciones con activos y depósitos, manipulando contratos y documentos bancarios con el objetivo de lucrarse personalmente.

Se le imputa el cobro de cheques y la solicitud de varios préstamos, entre otras acciones, por las que los cuatro familiares que se querellaron reclamaban un total de 250.000 euros.

Como resultado de la conformidad alcanzada, la acusada fue condenada a dos años y seis meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos, además de dos multas de 1.600 euros. Asimismo, deberá indemnizar a las víctimas con cantidades de 78.400, 65.920, 3.300 y 3.300 euros, respectivamente, que serán abonadas por el banco como responsable subsidiaria.

La sentencia acordada contempla también la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, una medida adoptada al carecer la condenada de antecedentes penales y debido a la necesidad de que continúe con su proceso terapéutico. Durante un periodo de cinco años no podrá cometer ningún nuevo delito y estará obligada a mantener el tratamiento médico y psiquiátrico prescrito, sin posibilidad de abandonarlo. En caso de incumplir estas condiciones, podría perder el beneficio de la suspensión y verse obligada a ingresar en prisión.