El BNG ha solicitado al Gobierno que incorpore al próximo real decreto ley de medidas para el sector pesquero y marisquero una exención extraordinaria de las cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras y mariscadores, tanto a pie como a flote, afectados por la mortandad «masiva» de bivalvos provocada por los temporales y las lluvias torrenciales del pasado invierno.

Según ha defendido la formación en un comunicado, la medida garantizaría que las personas beneficiarias continúen dadas de alta en el régimen correspondiente. En este sentido, busca que preserven todos sus derechos de cotización y el mantenimiento de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad una vez los bancos marisqueros «recuperen su capacidad productiva».

El Bloque ha justificado la propuesta en base a la «situación límite» que, a su modo de ver, atraviesa el marisqueo en las Rías Gallegas, «donde el sector estima pérdidas de hasta 90 % de la campaña del berberecho, de 95 % de la almeja babosa y de alrededor de 60 % de la almeja japónica».

Además, la formación ha expuesto que esta realidad obligó al cese de la actividad de «una parte muy importante» del colectivo –mayoritariamente integrado por mujeres– y que «tendrá consecuencias durante los próximos años», ya que la recuperación de los bancos marisqueros puede prolongarse hasta dos años, ha añadido.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha remarcado que, a pesar de no poder desarrollar la actividad extractiva, las mariscadoras y mariscadores «continúan realizando una labor imprescindible para garantizar la recuperación del recurso» con su participación en la retirada del marisco muerto, en las tareas de limpieza y en las siembras.

Sin embargo, según ha puesto de manifiesto, estos trabajos no tienen remuneración y, al mismo tiempo, deben seguir asumiendo mensualmente el pago de las cuotas correspondientes al Régimen Especial del Mar. Por este motivo, pide que estas personas queden exentas del mismo mientras no puedan recuperar su actividad económica.

«El sector no puede seguir soportando una carga económica cuando lleva meses sin ingresos por causas ajenas a su voluntad», ha defendido Rego, que considera esta medida es «de justicia y de sentido común» para evitar el abandono de la actividad y asegurar el futuro de este sector estratégico.