La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado el «abandono institucional» de la Seguridad Social hacia «miles de autónomos» en situaciones de cierre de negocio, enfermedad o vulnerabilidad, y ha exigido el «desbloqueo inmediato de las reformas comprometidas tras nueve meses de parálisis».

La organización sostiene que siguen sin materializarse varias medidas anunciadas, como la mejora del acceso al cese de actividad, la creación de un subsidio específico para mayores de 52 años o la revisión de la protección en casos de incapacidad temporal prolongada, según informa UPTA.

Desde UPTA, ha anunciado que «la principal grieta del sistema de protección social sigue siendo el acceso a la prestación por cese de actividad». En el caso de la Región de Murcia, han indicado que en 2025 un total de 240 autónomos vieron rechazada su solicitud, mientras que en lo que va de año se han denegado 75, lo que situaría la tasa de rechazo por encima del 55%.

La organización ha considerado que esta situación «evidencia el fracaso de una prestación que fue diseñada para actuar como red de seguridad ante el cierre de los negocios, pero que continúa siendo inaccesible para una parte muy importante del colectivo».

UPTA también ha alertado de la situación de los autónomos mayores de 52 años, que, según denuncia, quedan sin una protección equivalente a la de los trabajadores asalariados.

Asimismo, reclaman cambios en la protección durante la incapacidad temporal, con la exoneración de cuotas en bajas prolongadas, así como el desarrollo de coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas, tóxicas o peligrosas.

Por último, la organización pide retomar las negociaciones sobre el sistema de cotización por ingresos reales para el periodo 2026-2028. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha criticado que «el sistema exige cotizar, pero no protege cuando realmente se necesita», y ha denunciado que muchos autónomos quedan «sin ingresos y sin alternativas» cuando su actividad cesa, por lo que reclama una respuesta «urgente» por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.