Varios casos ocurridos en los últimos meses en Galicia llaman la atención pública sobre la violencia LGTBIfóbica, que puede manifestarse en incidentes de odio, incluidas agresiones. Sin embargo, los recursos institucionales que existen para atenderlas son «mínimos» y, por lo general, están «infrafinanciados», según denuncian asociaciones LGTBI consultadas por Europa Press.

En Pontevedra, la Policía detuvo en marzo a tres personas acusadas de proferir insultos homófobos hacia un joven y golpearlo hasta tirarlo al suelo. En Santiago, la denuncia pública de otro joven a mediados de mayo explicaba otra agresión a gritos de «bujarras de mierda» y «maricón», un insulto que se podía escuchar en un vídeo compartido en redes sociales.

«Las víctimas necesitan ser escuchadas. Pienso que, primordialmente, el acompañamiento es lo más necesario», explica el portavoz de Avante Pontevedra, Diego Feijóo. Lo que ocurre es que, en un primer momento, muchas de ellas «no saben ni por dónde tirar ni qué hacer», detalla Pablo Zas Varela, técnico de igualdad en Alas A Coruña.

En este sentido, ambas asociaciones cumplen un papel clave en sus respectivas ciudades. Avante proporciona acompañamiento a quien lo solicite y, dado el caso, se le pone en contacto con el órgano correspondiente, que en Pontevedra es el Centro de Información en Diversidade e Sexualidade (CIDES), adscrito al Centro de Información á Muller (CIM). «Cuando ya están en contacto con ellos, son los que se encargan», explica.

Por su parte, Alas cuenta con una oficina de atención a la víctima que, cuando alguien sufre un delito de odio, le ofrece a esta persona unos u otros recursos «en función de sus necesidades»: ayuda en la puesta de denuncias, acompañamiento psicosocial o simplemente información básica a la hora de comunicar la agresión, entre otros.

Estas organizaciones sociales y del tercer sector «compensan» las carencias que existen en los recursos institucionales. El diagnóstico general que ambos hacen de los mismos es que son «mínimos», «no accesibles» y «poco conocidos», en palabras de Zas. Además, están «infrafinanciados», a juicio de Feijóo, que cree que las herramientas son las «justas» en cualquier ámbito de ayuda a la víctima.

Por ejemplo, a nivel general, existen las oficinas de atención a la víctima en los juzgados, que «mucha gente desconoce» y que cuentan con «muy poca oferta» de recursos. También está disponible el teléfono 028, que atiende casos de LGTBIfobia las 24 horas del día. El técnico de Alas añade que, a nivel autonómico, la Xunta no ofrece recursos de atención a la víctima, aunque «debería ofrecerlos» y «así lo dice la ley» aprobada en 2014.

«Esto viene compensado por algún municipio u otras administraciones que tienen proyectos o lanzan financiamiento para servicios de atención a víctimas», añade. En los casos concretos de A Coruña y Pontevedra, esto sí sucede. Por ejemplo, la oficina de atención de Alas está cofinanciada en mayor parte por el Ayuntamiento y, desde 2025, también por la Xunta; mientras, la ciudad del Lérez cuenta con el mencionado CIDES, impulsado por el ente local.

«INFRADENUNCIA E INFRADETECCIÓN»

Además, la labor de Alas va un paso más allá. El trabajo realizado se ve volcado en los informes del Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, que, pese a su denominación, tiene un alcance autonómico y por ello cambiará pronto su nombre, avanza Zas. Aunque en 2024 este registró por tercer año consecutivo un ligero descenso de los incidentes recogidos por la entidad, sí detectó un aumento del componente violento de los mismos.

«Nosotros los datos siempre los leemos con prudencia. Lo que nos dan es una radiografía del momento y nos dicen si la gente está mas por denunciar o menos. Nunca vamos a hablar de un aumento o una disminución de las agresiones, sino de un aumento de las denuncias», explica.

En este sentido, el técnico encuentra una situación de «infradenuncia»: «No es habitual que una víctima denuncie ante la Policía». Por ejemplo, en 2024, Alas registró un total de 42 incidentes de odio (33 fueron agresiones). Pese a que su alcance es «limitado» y recogen lo que les llega, fueron más que los notificados al Ministerio del Interior, que dio cuenta de 16 delitos de odio por una cuestión de orientación o ideología de género en Galicia.

En cuanto a los motivos, el técnico de igualdad explica que pueden ser «múltiples» y se apoya en el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ‘Estado del odio’ (2026), que cita que una de las principales razones es por considerar que «no serviría para nada».

Además, es un proceso que «psicológicamente cansa y agota y no toda persona tiene que estar preparada ni querer enfrentarse a eso», explica. También pone de manifiesto una situación de «infradetección», que se traduce en que hasta que se resuelve el proceso iniciado por una denuncia «no se tiene en cuenta o no se recoge ese componente LGTBIfóbico». «Se acaba denunciando como agresión, pero no la motivación», apunta.

Al mismo tiempo, el portavoz de Avante Pontevedra percibe un cambio «muy positivo» en este aspecto y cree que cada vez hay más personas que denuncian estos hechos pública y formalmente: «No solo acudiendo a nosotros, sino denunciándolo por las redes sociales». Ambos coinciden en que estos canales están ganando peso como vía de denuncia pública, lo que contribuye al impacto social de estos hechos.

«Denunciar [ante la Policía] y la visibilidad en redes están muy bien, pero sabiendo las consecuencias que pueden tener para nosotros», matiza Zas. En este sentido, advierte del «efecto rebote» que puede conllevar, ya que la víctima recibe, en un periodo muy corto de tiempo, «inputs muy positivos». «En el momento en el que eso desaparece, yo vuelvo a sentirme solo porque las personas que me han dejado de apoyar son más», ejemplifica, insistiendo en el papel del acompañamiento psicosocial.

CINCO AÑOS DESPUÉS DEL ASESINATO DE SAMUEL

El próximo 3 de julio se cumplirán 5 años desde el asesinato de Samuel Luiz, que, en 2021 y varios días después del Día del Orgullo (28 de junio), movilizó a miles de personas en toda España contra las agresiones LGTBIfóbicas.

«La muerte de Samuel causó un ‘shock’ profundo y creo que hoy en día hay una mayor movilización cuando se produce una de estas agresiones», recoge Diego Feijóo. De hecho, Avante Pontevedra reactivó de forma «bastante fuerte» entre 2021 y 2022, cuando además consiguió trasladar el Orgullo de una zona más alejada al centro de la ciudad. Con todo, aprecia que la sensibilización es menor hacia colectivos como el de las personas trans.

Ambos coinciden en que, por lo menos en sus respectivas ciudades de referencia, esta movilización no ha desaparecido. Por ejemplo, Feijóo nota en Pontevedra que, fuera del mes de junio, «cada vez hay más gente» en actividades organizadas y en concentraciones por casos concretos de agresiones.

«Lo que queda por hacer es todo», reflexiona Zas, que llama a, además de reclamar «nuevos avances», «luchar para que los conseguidos no se vengan abajo». «Hay que seguir hablando, hay que seguir desmitificando, quitando bulos y hacer mucho hincapié en la educación de la juventud», valora el portavoz de Avante.