La asociación ecologista Greenpeace ha presentado su informe ‘Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar’, y ha abogado porque «no se olviden» las zonas quemadas, al tiempo que se trabaje este año en prevención y gestión post-incendios.

«Los incendios de 2025 parecen algo del pasado pero sus consecuencias siguen muy presentes. La población de las zonas afectadas aú lidian con las secuelas del fuego. Debemos exigir medidas de restauración en las zonas devastadas, visibilizar los impactos que perduran tras las llamas y reforzar la prevención para evitar que en 2026 volvamos a perder tanto», ha explicado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

En Galicia en estos días, ha recordado la organización, las intensas lluvias en zonas quemadas como Valdeorras o Viana han intensificado los daños por arrastres de agua y cenizas provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación.

Greenpeace ha recordado que el año 2025 «fue especialmente crítico para Galicia», concretamente para la provincia de Ourense, con incendios devastadores «que forman parte de la historia de España», todos marcados por una alta severidad y durante las olas de calor de agosto. Así, el mayor incendio forestal en España fue el de Larouco-Quiroga-Oencia (Ourense, Lugo y León), con 37.765 hectáreas, y «se originó de forma intencionada (con tres focos iniciales) y presentó una severidad alta en el 62% de su superficie».

También han recordado otros incendios de importantes consecuencias, como el de Oímbra, con más de 22.000 hectáreas calcinadas y 24 heridos, entre ellos tres brigadistas con lesiones graves; o el incendio de Carballeda de Valdeorras-Porto-Encinedo (Ourense, Zamora y León), con gran afectación a enclaves de valor ambiental.

«Hemos visitado las zonas arrasadas por los incendios de hace un año y hemos podido comprobar el actual nivel de destrucción», ha incidido explica Mónica Parrilla, que ha añadido que «el aspecto de algunos pueblos afectados sigue siendo desolador».

En este escenario, Greenpeace ha subrayado la necesidad de protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos sobre el agua y la biodiversidad.

Por otro lado, ha advertido de que la apertura de cotos de caza frena la recuperación del territorio, y ha incidido en que, aunque la normativa gallega prohíbe la caza en terrenos quemados durante tres años, «sorprendentemente» en 2025 la Xunta rechazó ampliar esta prohibición a las zonas limítrofes no quemadas, donde la fauna superviviente se había refugiado.

La organización también ha cuestionado la eficacia de las medidas preventivas de la Xunta y ha recordado que en 2025, el Pladiga «identificó únicamente 26 Parroquias de Alta Actividad Incendiaria (PAAI)», pero al menos el 73% de ellas registraron incendios durante el año, incluida A Granxa, origen del gran incendio de Oímbra. «Estos resultados evidencian las limitaciones de un enfoque centrado principalmente en la vigilancia y el control», expone Greenpeace, que aboga por abordar los incendios «desde una perspectiva más amplia, basada en la participación local, el diálogo social, la dinamización económica del medio rural y una gestión activa del territorio que reduzca las causas estructurales del problema».

«La enorme dispersión poblacional existente en Galicia y el régimen de propiedad de la tierra, casi toda privada, obliga tomar medidas específicas, pues complica la coordinación de actuaciones, favorece el abandono de terrenos y supone con mucha asiduidad el incumplimiento de las franjas de protección, convirtiéndose en uno de los principales retos para avanzar hacia una gestión forestal sostenible que prevenga el riesgo de incendio», señalan.

Greenpeace reclama a las administraciones «una nueva estrategia de prevención», recuperando campañas de sensibilización, reforzando los medios de investigación, invirtiendo en gestión forestal, dando estabilidad a los operativos de extinción, preparando el territorio para un eventual paso de las llamas, aplicando moratorias a la actividad de caza, o impulsando un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.