Un total de 12 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han reclamado este viernes al Gobierno de España la necesidad de un «trabajo conjunto y consenso» en la elaboración del futuro real decreto sobre prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

En concreto, las autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia han denunciado a través de un comunicado conjunto, que la normativa no está cumpliendo con los criterios legales que encomendaban al Ejecutivo la aprobación de un reglamento específico «previo acuerdo con las administraciones competentes y elaborado conjuntamente con ellas».

Las administraciones regionales han manifestado su «preocupación» ante lo que consideran un «incumplimiento» de la ley básica de bomberos forestales durante el proceso de redacción de la norma.

Las comunidades firmantes sostienen que no se han respetado «ni los plazos ni el procedimiento previsto legalmente». Así, han criticado que el periodo de elaboración ha sido «ampliamente superado» y el proceso se ha limitado a dar participación a las CCAA únicamente en fases de información pública o reuniones informativas sobre «textos previamente definidos», obviando el principio de elaboración conjunta.

Asimismo, han lamentdo que las aportaciones realizadas de forma consensuada por las administraciones autonómicas han sido, en su gran mayoría, «desestimadas» por el Ejecutivo.

DISFUNCIONES RELEVANTES

Las regiones advierten de que el texto actual del borrador de la normativa no incorpora «suficientemente el conocimiento operativo de la extinción», lo que, a su juicio, podría derivar en «disfunciones relevantes en la gestión de emergencias». Por ello, han requerido la intervención directa del responsable operativo de extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).

El comunicado conjunto subraya que determinadas previsiones del decreto podrían «comprometer la eficacia en la toma de decisiones» durante los incendios, generando además una situación de «inseguridad jurídica» para los responsables operativos y de seguridad laboral. Así, han recordado que la extinción es un «servicio esencial de protección civil» cuyo objetivo prioritario es proteger a personas y bienes, lo que exige un marco normativo «adaptable a contextos de emergencia».

Por todo ello, dichas CCAA y ciudades autónomas han exigido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que «retome el proceso de elaboración» del real decreto. Entre sus demandas destacan la creación de grupos de trabajo mixtos (Estado-CCAA) y el cumplimiento de las previsiones legales para lograr un texto con «acuerdo previo».

«El objetivo final es disponer de un marco normativo que refuerce la seguridad y salud laboral sin comprometer la eficacia de los operativos de extinción de incendios forestales», concluye el comunicado.