La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presentado a los representantes de las cofradías un documento técnico elaborado por especialistas de las universidades de Santiago (USC) y A Coruña (UDC) en el que se propone adaptar la protección social de las mariscadoras a pie en caso de cese de actividad por episodios ambientales adversos, como los temporales de comienzo de 2026.

En una reunión esta tarde en la sede de la Federación Galega de Confrarías, en Ames (A Coruña), se ha dado a conocer esta propuesta que incorpora medidas específicas para reducir los periodos de desprotección y reforzar la estabilidad laboral del colectivo.

«Damos un paso al frente, a pesar de que las competencias de la Xunta en materia de marisqueo se limitan a la gestión de los recursos marinos y de su explotación productiva, pero que surge de nuestra profunda preocupación por la situación de las profesionales del sector, por consecuencia del impacto que generaron en su actividad los temporales del pasado invierno», afirma la conselleira.

Precisamente, la parada temporal por consecuencia de las intensas lluvias, con la correspondiente bajada de salinidad, han puesto de manifiesto las limitaciones del actual sistema de protección social, sostiene la Xunta. Concretamente, el actual mecanismo de cese está diseñado para trabajadores autónomos de otros trabajos desarrollados en tierra y no contempla adecuadamente la realidad del marisqueo, caracterizada por ciclos naturales y ambientales difíciles de prever.

Por este motivo y, con el fin de cubrir este defecto, el departamento autonómico encargó la elaboración de la propuesta técnica a la dos catedráticos especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las universidades de Santiago y A Coruña.

DOCUMENTO

El documento incluye un sistema específico de protección para las mariscadoras al amparo de las excepciones previstas en la Ley 47/2015 para actividades marítimo-pesqueras con características singulares. Así, entre las medidas más destacadas, contempla mejoras tanto en la modalidad común como extraordinaria de protección por cese de actividad, así como la compatibilidad de las prestaciones con la realización de otras tareas necesarias para el mantenimiento del marisqueo durante los periodos de paralización de la extracción.

Además, el estudio incorpora una hoja de ruta concreta con los cambios normativos necesarios para su implantación, con el propósito de facilitar su eventual adopción por la administración competente, que corresponde al Gobierno central a través de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina (ISM).

La aplicación de esta propuesta, según Villaverde, «permitiría ofrecer una protección más inmediata, continua y adaptada a las necesidades reales de las mariscadoras, reducir los periodos de desprotección, reforzar la igualdad de género, contribuir a la estabilidad socioeconómica de las zonas costeras gallegas, favorecer la continuidad de la actividad marisquera, evitar el abandono profesional e impulsar el relevo generacional en un sector estratégico para el litoral gallego».