El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a poner en marcha un Instituto de Transición Justa para ayudar a las comundidades afectadas por el cierre de la cuencas mineras, centrales nucleares y plantas térmicas, como es el caso de As Pontes y Meirama.
Sánchez ha recordado que la reciente Cumbre del Clima celebrada en Madrid a principios de diciembre (COP25) «nos familiarizó con el gran debate que nos afecta como sociedad», en alusión al cambio climático, y a las «sequías e incendios que asolan a nuestros montes» o la «pérdida de biodiversidad», aspectos que, a juicio de Sánchez obedecen al hecho de que «el modelo de desarrolo es obsoleto y ha colapsado», y que «está arruinando el planeta en el que vivimos».
Por ello, ha argumentado que su Ejecutivo «estará en la primera línea con la transición ecológica, la protección de la biodiversidad y un trato digno a los animales» y se ha comprometido a aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con unos «objetivos ambiciosos». Entre ellos, figura que en el 2050 toda la electricidad sea de origen 100% renovable.
Sánchez también ha indicado que se aprobará un plan integrado de Energía y Clima, con el que se reformará el mercado de electricidad con el fin de reducir la factura. «Cualquier accion tendrá como prioridad la transición justa en el nuevo modelo energético. No puede quedar nadie atrás ni haber perdedores», ha apostillado.
Además, ha indicado que se aprobará una Estrategia de Economía Circular para alcanzar el residuo cero en 2050 y los plásticos de un solo uso, entre otras medidas, todas ellas encaminadas al autoconsumo sin sobrecostes.
Sánchez ha hecho un llamamiento a proteger a los más vulnerables a través de la reforma del bono social y se ha comprometido a impulsar la Ley de Movilidad Sostenible, con ayudas al vehículo eléctrico, así como un Plan de Cercanias 2019-2025, entre otras medidas-
Por último, ha subrayado la importancia de la gestión del agua como «elemento capital» a través de la puesta en marcha de un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento y Eficiencia, para que su acceso sea «un bien humano y no un bien mercantil».
Tampoco ha querido olvidaar la gestión de los espacios naturales, al ampliar los espacios protegidos, o la creación de la Ley de Bienestar Animal, «una exigencia cada vez más clamorosa».
