La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha calificado este jueves de «insuficiente» Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones, de los que a Galicia le corresponden 399, y ha pedido al Gobierno que incremente su aportación.

Así lo ha trasladado después tras finalizar la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se ha aprobado definitivamente los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros. Según ha trasladado el propio departamento estatal, el reparto fue aprobado por unanimidad.

Sin embargo, en declaraciones difundidas a los medios tras finalizar la conferencia sectorial convocada por el Ministerio, la conselleira ha subrayado el malestar del Gobierno gallego al reiterar que el plan «llega tarde» toda vez que ya es 11 de junio y aún no está aprobado.

Asimismo, ha sostenido que fue «impuesto sin consenso» y que, «lo peor de todo» es que es «totalmente insuficiente». «Mientras obligan a las comunidades autónomas a confinanciar en un 40%, por lo que Galicia tiene que quintuplicar su aportación, el Gobierno central simplemente duplica», ha dicho.

Ante ello, ha emplazado al Gobierno a que «por lo menos» realice la misma aportación que se hace desde Galicia porque «es totalmente insuficiente».

La conselleira ha dicho que mientras que la Xunta tiene 4.000 nuevas viviendas de promoción pública en marcha, el plan estatal permitirá que en los próximos cinco años, entre viviendas públicas y protegidas, a penas se alcancen las 3.000 nuevas viviendas públicas.

En materia de suelo, según ha sostenido, la Xunta tiene en marcha la estrategia de desarrollo de suelo residencial para habilitar suelo en el que se construyan 20.000 viviendas protegidas que también tendrán que solicitar estas subvenciones. Conforme ha dicho, esta urbanización de suelo en la Xunta está financiada y estimada en 350 millones, pero ha criticado que con este plan estatal en los próximos cinco años Galicia solo vaya a recibir 9 millones.

Por tanto, es un plan «totalmente insuficiente» y exigiremos que, al menos, se realice la misma aportación que hacemos las comunidades autónomas».

Todo ello en unas declaraciones en las que la conselleira ha lamentado que la ministra ni acudiese a la conferencia sectorial convocada por su propio departamento en lo que ha calificado de «total falta de respeto» hacia las comunidades.

POSTURA DEL MINISTERIO

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha puesto en valor la aprobación definitiva y por unanimidad de los criterios distribución de los 7.000 millones de euros del Plan.

Según ha trasladado el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez, en el encuentro con las comunidades autónomas y ciudades autónomas, que ha presidido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se ha reiterado el importante mensaje que se lanza a la ciudadanía, donde distintas administraciones, de distinto color político, se han puesto de acuerdo en el principal problema que preocupa a la ciudadanía.

El Ministerio sostiene que, con este nuevo acuerdo por unanimidad, se mantiene la senda de aprobación de todos los acuerdos que ha propuesto Isabel Rodríguez a las comunidades autónomas sin votos en contra. En total, en esta Legislatura, ya son diez.

«Desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, trabajar conjuntamente y conseguir los objetivos de este nuevo Plan Estatal de Vivienda», ha subrayado el secretario de Estado en el interior de la reunión. Junto al secretario de Estado, por parte del Ministerio han asistido a esta Conferencia Sectorial: el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; el secretario general técnico, Pablo Moreno; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; y la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara.

«MÁS CONSTRUCCIÓN, MÁS REHABILITACIÓN Y MÁS PROTECCIÓN»

El Ministerio ha asegurado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, según ha destacado, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, ha añadido que el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude.

Asimismo, ha añadido que incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.