El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha reprochado al Gobierno central «falta de previsión» para aplicar la nueva ley de eficiencia judicial, pero ha reivindicado que el Ejecutivo gallego cumplió los plazos.
En una comparecencia en la Comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior, el responsable autonómico ha destacado que la Administración gallega llevó a cabo reformas en los 45 partidos judiciales, «cumpliendo los plazos establecidos y garantizando la continuidad del servicio».
Así, ha expuesto que la reforma supone una transformación estructural «sin precedentes» en la organización del área, al pasar a un nuevo modelo con la creación de las Oficinas de Justicia del Municipio.
En este sentido, aunque ha reconocido algunas incidencias, Tronchoni ha insistido en que la implantación del nuevo modelo se llevó a cabo en todos los partidos judiciales dentro de los plazos previstos.
Tras detallar el refuerzo organizativo y, especialmente, ha añadido, tecnológico, el director xeral ha criticado que el Ejecutivo central impulsara esta reforma «sin el consenso suficiente» con las comunidades, ni con los operadores jurídicos.
En esta línea, también ha cuestionado los plazos para ejecutar la reforma y ha lamentado la «falta de planificación» del Ministerio, con problemas en aplicaciones informáticas y dificultades para poner en marcha algunos servicios, según ha criticado.
«CAOS»
Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro ha acusado a la Dirección Xeral del «fracaso» en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial en Galicia, reprochando la «falta de diálogo» con sindicatos y «sobrecargando» al personal, lo que, a su juicio, «derivó en un caos organizativo».
Entre otras cosas, la socialista ha propuesto ampliar los equipos de Familia y Violencia sobre la Mujer en los siete partidos judiciales, la elaboración de un manual de puestos y un protocolo marco de actuación para homogeneizar el nuevo modelo en toda la Comunidad.
También ha aprovechado para reclamar un programa de formación, un catálogo de servicios del servicio común general para conocer la carga de trabajo y elaborar planes de apoyo a la ejecución, de migración de expedientes y de contingencias y refuerzo para garantizar la implantación «eficaz» del nuevo modelo, así como crear una comisión de seguimiento.
BNG PIDE SU DIMISIÓN
Mientras, Iago Tabarés (BNG) ha pedido la dimisión del director xeral por «falta de capacidad» para «revertir la situación de la administración de justicia». «No por falta de actitud, sino por falta de capacidad. Usted no puede porque el PP no quiere, porque la justicia no les importa», ha aseverado.
Tras reprochar a Tronchoni su «silencio» tras el traslado de los jueces de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, que paralizó decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, el diputado nacionalista ha tachado de «insuficiente» el presupuesto en materia de justicia.
A continuación, ha criticado que la Xunta «no preparó nada de formación» y ha censurado que «después de muchas décadas de transferencia no había relación de puestos de trabajo y hubo que hacerla en seis meses».
Por otro lado, Katherine Varela (PPdeG) ha reprochado al parlamentario del Bloque que pida dimisiones en la Xunta «con la que está cayendo en Madrid», así como que «hable de independencia judicial con todo lo que se está viendo».
Además, ha puesto en valor el trabajo del director xeral de Xustiza para la aplicación de la nueva ley de eficiencia judicial, subrayando la aportación del servicio de taxi tras la comarcalización o la dotación de equipos de videoconferencia y la formación, entre otras cosas.
