El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha reunido este martes con el vicepresidente primero de la Fegamp, el alcalde de Poio Ángel Moldes (PP), para abordar las aportaciones del organismo al anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia.

En un comunicado tras el encuentro, el conselleiro ha lamentado que no acudiesen ni el presidente de la Fegamp, Alberto Varela (PSOE), ni tampoco el vicepresidente segundo, Secundino García, ni la vicepresidenta ejecutiva, María Barral, representantes del BNG y del PSdeG.

En la cita, además, ha participado la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y del director xeral de Orzamentos e Financiamento Autonómico, Arturo López.

Al respecto, la Xunta ha asegurado que mantiene el proceso de escucha y diálogo llevado a cabo mediante encuentros con otras entidades que presentaron aportaciones al anteproyecto, como las diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Ourense o los Colegios Territoriales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), con el objetivo de enriquecer el texto para alcanzar el máximo consenso posible.

Además, sostiene que inició hace tres años un trabajo previo de revisión integral para adaptar a la realidad actual la estructura y el funcionamiento de los municipios, provincias y demás entes locales gallegos a los cambios normativos, sociales y tecnológicos. «El anteproyecto es, por tanto, el resultado de un proceso participativo que incluyó diferentes estudios, congresos y actividades dirigidas a recoger la mayoría de las demandas trasladadas por el municipalismo», subraya.

Esa voluntad participativa, según ha indicado, continúa actualmente durante la tramitación, atendiendo las aportaciones realizadas por distintas entidades. Además, ha añadido que, posteriormente, cuando el texto sea aprobado por el Consello da Xunta como proyecto de ley y remitido al Parlamento de Galicia, continuará con su tramitación parlamentaria, donde podrá seguir enriqueciéndose.

El Gobierno gallego ha asegurado que la nueva ley supone una oportunidad para actualizar el marco jurídico y modernizar la gestión del ámbito local, tras más de tres décadas de vigencia de la normativa actual. Se trata, conforme ha indicado, «de una reforma integral de la norma vigente y de una ley pionera que convertirá a Galicia en referente estatal al adaptar la normativa a la realidad demográfica gallega actual y a los desafíos del siglo XXI, así como al incorporar herramientas innovadoras para hacerles frente».

Entre otras cuestiones, el anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia fija un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos, introduciendo precisamente los criterios que la Xunta viene demandando al Estado.

Así, la Xunta señala que la actualización del sistema de financiación local es competencia del Gobierno central, así como la normativa básica de régimen local; si bien, dentro de las competencias autonómicas, el Gobierno gallego aborda esta cuestión en la reforma de la ley. También se prevé incrementar la financiación incondicionada mediante el aumento del fondo base y se establecerá una garantía mínima para todos los ayuntamientos, que aumenta en 20 millones de euros respecto al modelo actual.

El Gobierno gallego ha recordado que, dentro del margen que tiene en el ámbito de sus competencias, incrementa cada año las ayudas a los ayuntamientos. Así, este año el Fondo de Cooperación Local alcanza la cifra récord de 187 millones de euros dentro de las transferencias para los ayuntamientos, que en este ejercicio también suponen una cifra récord de más de 670 millones de euros.

LA FEGAMP LAMENTA QUE LA CONSELLERÍA NO CONSENSUASE LA FECHA

Consultadas al respecto, fuentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han señalado que al recibir la convocatoria el viernes pasado por la tarde y al coincidir con compromisos de agenda ya adquiridos desde el ente, se trató de buscar otra fecha para asistir dada la importancia del asunto.

Sin embargo, estas fuentes apuntan que la Consellería de Presidencia no quiso buscar otra fecha y mantuvo la convocatoria pese a que sabía que «no se podría asistir». De hecho, señalan que «la reunión no fue convocada a medios, como sí lo son todas als de este tipo».