El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha recalcado este miércoles en el Parlamento gallego que Galicia cumple con lo exigido en la ley estatal de eficiencia judicial, pese a ser una norma «impuesta sin consenso con las comunidades autónomas ni con los profesionales de la justicia y precipitada en los plazos».

Así ha respondido el responsable autonómico a una interpelación planteada por el diputado nacionalista Iago Tabarés sobre la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia gallega.

«Del colapso y de la pérdida de credibilidad de la justicia en Galicia, en buena medida, son ustedes responsables», ha arrancado su intervención el diputado nacionalista.

Tabarés ha solicitado el cese del director xeral de Xustiza, José Tronchoni. «Le tengo afecto y respeto profesional, así que le pido que dimita y deje esas competencias que no puede ejercer por culpa del Consello de la Xunta», lo ha animado.

El nacionalista ha acusado al PP de «escapar por la puerta de atrás» de la justicia, de ahí su «desinterés». En cuanto a Galicia, ha remarcado que la gallega es una de las comunidades con el presupuesto más bajo, después de Navarra, de todas las del país.

REORGANIZACIÓN UNIDADES JUDICIALES

Por su parte, el conselleiro ha lamentado la falta de apoyo económico estatal, el retraso en la puesta en marcha de las herramientas informáticas dependientes del Ministerio de Justicia y la demora en la creación de las plazas de jueces, fiscales y letrados, todavía pendientes.

Según ha señalado, en este contexto la Xunta consiguió implantar la nueva oficina judicial «en tiempo y forma, sin que se registraran incidencias destacadas que repercutieran negativamente en la prestación del servicio».

«Esto se hizo a costa de ejecutar un trabajo ingente con poco tiempo de margen, de buscar soluciones rápidas a cada problema que iba surgiendo y de hacer un desembolso económico adicional, de más de 10 millones de euros, que el Gobierno central no compensó ni parece que vaya a hacerlo», ha apuntado.

Diego Calvo se ha referido también a la reorganización de las unidades judiciales, que ha afectado a cerca de 3.000 funcionarios «sin que se permitiera hacer una distribución del personal acorde a las necesidades reales de cada órgano judicial, perpetuando un problema que se arrastra desde hace años».

En todo caso, para el conselleiro, el problema real de la Administración de Justicia en Galicia es la falta de jueces, cuya tasa está muy por debajo del promedio europeo, así como de fiscales y letrados, sin que la nueva oficina judicial venga acompañada de un incremento de estas plazas.

En esta línea, ha lamentado que el anuncio del Ministerio de Justicia de crear 19 plazas para reforzar tribunales de instancia y audiencias provinciales en Galicia todavía no se haya materializado.

Ha recordado también que el Gobierno gallego lleva años pidiendo el incremento de unidades judiciales, junto con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Justicia, «sin rechazar nunca las concedidas, inferiores a las solicitadas y muchas veces diferentes».

Por último, ha señalado que en los últimos dos ejercicios no se ha creado ninguna nueva unidad judicial en Galicia.