El PPdeG ha vuelto a reclamar al Gobierno central que suspenda la reforma del Reglamento General de Costas, así como más diálogo con las comunidades, mientras que el PSdeG ha defendido que el cambio de normativa «adapta procedimientos para cumplir el derecho europeo».
En la defensa de una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, el diputado Gonzalo Trenor ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a convocar la Conferencia Sectorial para abordar la revisión de la normativa, así como que se garantice la protección de los derechos concesionales de propiedad existentes.
Entre críticas de «sectario» y «machista» contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el parlamentario popular ha asegurado que es «profundamente preocupante e inaceptable» la intención del Gobierno de «introducir modificaciones reglamentarias de calado» sin la «participación de las comunidades».
Por todo ello, ha exigido una revisión «ordenada y transparente de la ley», así como debate parlamentario y participación de las comunidades y la convocatoria «inmediata» de una conferencia sectorial que «permita abrir un proceso de diálogo».
«ADAPTA LA NORMATIVA»
Por su parte, Carlos López Font (PSdeG) ha lamentado que la Xunta «intente convertir un problema jurídico heredado en una confrontación política con el Gobierno de España» y ha aprovechado su intervención para defender que el Ejecutivo «adapta la normativa española a las exigencias del derecho europeo» para, ha añadido, «evitar incumplimientos que podrían acarrear sanciones y una mayor inseguridad jurídica».
En esta línea, el socialista, que ya ha avanzado el voto negativo de su grupo, ha explicado que el Ministerio «no actúa por voluntad discrecional», sino para «garantizar el cumplimiento del derecho europeo». «Se clarifican criterios, se alinean con la normativa europea y se evitan litigios futuros. La verdadera inseguridad jurídica es la que ustedes proponen», ha aseverado.
A continuación, Luís Bará (BNG) ha acusado a los populares de «utilizar con falsa bandera a la costa al servicio del interés ajenos» y les ha pedido que presenten la propuesta de PNL original, ya que el Grupo Popular registró una autoenmienda este lunes.
«Si presentan la propuesta original, de hace un mes, el BNG no tiene ningún problema en votar a favor, asumiendo tres cuestiones: que las concesiones tienen que hacerse mediante procedimiento de concurrencia; que la concesión tenga una duración limitada; que no todas las instalaciones y actividades que están en dominio público tienen que estar ahí», ha subrayado antes de acusar al PP de que «cuando hablan de seguridad jurídica, hablan de la seguridad de Ence y su permanencia en la ría».
INICIATIVA REGISTRADA
En concreto, el texto presentado por el Grupo Popular (tras registrar una autoenmienda) reclama que se muestre el «apoyo expreso» a la decisión de la Xunta de trasladar a la Comisión Europea la «realidad diferencial del litoral gallego» y los «previsibles impactos de la reforma del Reglamento general de Costas en Galicia con el objetivo de «defender los intereses» de la Comunidad y promover soluciones «compatibles con la preservación ambiental, la actividad económica sostenible, la seguridad jurídica y la cohesión territorial».
Además, pide a la Cámara instar a la Xunta a trasladar al Gobierno central que suspenda la tramitación de la reforma de este reglamento y que abra «un proceso de diálogo institucional real» con las comunidades y ayuntamientos del litoral, así como con los sectores vinculados a este ámbito.
También convocar la Conferencia Sectorial para abordar la revisión de la normativa, que se garantice la protección de los derechos concesionales y de propiedad existentes, mantener el régimen de prórrogas y concesiones previsto en la normativa vigente hasta que exista un nuevo marco normativo «consensuado» e incorporar en el proceso de reforma un análisis específico del impacto económico, social y territorial que los cambios propuestos «tendrían sobre Galicia y la cadena mar-industria».
Por otro lado, la iniciativa de los populares, que se votará este miércoles y que saldrá adelante con el voto positivo del PP y del diputado de Democracia Ourensana, pide al Ejecutivo central «respetar las competencias asumidas por Galicia en materia de ordenación y gestión integrada del litoral» y tener en cuenta las alegaciones presentadas por la Xunta, las cofradías y organizaciones empresariales afectadas.
«TRANSPARENCIA» DE CASA 47
Por otra parte, el Grupo Popular también ha defendido en la sesión plenaria de este martes una proposición no de ley para demandar al Gobierno «transparencia» sobre el programa de la sociedad pública Casa 47.
Así, el diputado Moisés Rodríguez (PPdeG) ha reprochado al Gobierno de coalición «opacidad» y «falta de transparencia», criticando además que los «ingresos netos necesarios para acceder a una vivienda son de entre 2.700 y 3.000 euros».
Además, ha expuesto que esta proposición demanda «transparencia, control público y protección permanente de la vivienda construida sobre suelo público». «Necesitamos claridad sobre los criterios de adjudicación», ha remarcado el popular, que ha insistido en que Galicia necesita «más suelo desarrollado, más vivienda pública, más colaboración institucional y más rigor».
A renglón seguido, el socialista Aitor Bouza ha defendido la «transparencia» y la publicación de todos los criterios para acceder a una vivienda a través de Casa 47, instando al diputado popular a comprobarlo él mismo en la web de la sociedad.
También ha dicho que «no es cierto» que los ingresos necesarios para acceder a un inmueble «estén por encima del salario medio» y ha sostenido que la duración de la protección es «permanente».
Asimismo, Saleta Chao (BNG) ha acusado al PP de tener «pocos escrúpulos» por llevar al Parlamento esta iniciativa que, ha recordado, «ya se llevó a la Comisión 2ª en febrero».
Al mismo tiempo, ha criticado las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico, a quien ha acusado de «echar balones fuera». «¿Sabe cuántas viviendas públicas han acabado? 171. Aire, aire y más aire», ha reprochado.
