UGT, CC.OO. y UGT han anunciado un calendario de protestas, que comenzará el 10 de junio, contra la «deriva autoritaria» de la Xunta y «recortes de derechos» en la negociación colectiva en la función pública, lo que tildan de «desprecio» a los representantes de los trabajadores.

En rueda de prensa en Santiago, el coordinador del sector de Autonómica de CC.OO., Javier Lareu, ha denunciado que la negociación colectiva en la Administración gallega se encuentra «secuestrada» por la Xunta y «absolutamente devaluada», ya que «los temas importantes no se tratan en las mesas de negociación», tan solo cuestiones «puramente burocráticas».

Pone de ejemplo el último decreto en el que se modifican las listas de contratación temporal, que tacha de «recorte de derechos desmesurado» con «un tono ciertamente autoritario en las formas».

También se refiere a problemáticas de «atasco» en las tomas de posesión de plaza, procesos selectivos, elecciones de destino y concursos de traslados.

A esto se suma la «ocurrencia» del Gobierno gallego de «desandar lo andado» al otorgar a Seaga competencias de extinción con 42 nuevas brigadas durante el alto riesgo. Lareu carga contra ese «paso atrás» después de que la encomienda en extinción a Seaga «retornó» en 2019 a la Xunta.

En este contexto, los sindicatos avanzan un calendario de movilizaciones «persistente y mantenido en el tiempo» hasta que la Xunta manifiesta un cambio «radical» para llevar a las mesas de negociación temas que interesan a los funcionarios. La primera protesta será el 10 de junio ante la Xunta, a partir de las 11,00 horas.

LA XUNTA «DILATA SINE DIE» LOS TEMAS DE INTERÉS

Mientras, Lareu advierte de que la Xunta «dilata sine die» cuestiones «troncales» para el interés de los empleados públicos.

En este sentido, critica cómo el Ejecutivo autonómico está «procrastinando» para aplicar la jornada de 35 horas para funcionarios, que «ni está ni se le espera». Lamenta la «carrera de obstáculos» en cuestiones como la promoción interna.

Uno de los puntos sobre los que ponen el foco es que los procesos selectivos «no pueden tardar cinco o seis años», ya que resalta que hay procesos pendientes que debían estar resueltos el 31 de diciembre de 2024. También pide desarrollar la carrera profesional y la clasificación profesional del grupo B «inmediatamente», porque «no hay un solo empleado público que esté dentro de ese grupo».

«VERANO Y OTOÑO CALIENTES»

En esta línea, Juan Carlos Rivas (CSIF) ha recriminado que la modificación de listas de contratación afecta a miles de aspirantes y va a acarrear «muchísimos problemas» para cubrir determinados puestos. Augura un «verano y otoño calientes» en la función pública gallega «si no hay un cambio radical». «Tienen indignados al conjunto de empleados públicos», resume.

Uno de los puntos sobre los que llama la atención Rivas es que la contratación de personal de Seaga para extinción va a provocar «graves problemas» en el dispositivo. Alerta de que «impacta» contra el mando único y se «precariza» a los trabajadores con contratos de solo tres meses, lo que considera una «auténtica vergüenza».

Delia Irene Martínez (UGT) coincide con la «necesidad de decir basta», por lo que hace un llamamiento a apoyar las movilizaciones por los «retrocesos» existentes. Coincide en las críticas a las encomiendas a Seaga que «complica» el operativo en un momento de grandes incendios forestales.