La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Capitalpo’, ha desarticulado una trama empresarial en Pontevedra dedicada al fraude mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales. La operación se ha saldado con la detención de dos empresarios y la investigación de un tercero, y con la recuperación de una flota de vehículos valorada en más de 1,5 millones de euros.

Según ha informado el Instituto Armado, el entramado operaba entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, utilizando «empresas pantalla» para obtener vehículos a través de contratos financieros fraudulentos, «cuyas cuotas dejaban de abonar mientras continuaban siendo explotados por la empresa».

En concreto, las pesquisas comenzaron en octubre del pasado año tras una intervención de una patrulla de Tráfico en Sanxenxo, donde se interceptó un vehículo que figuraba como sustraído en Madrid. A raíz de este hallazgo, los agentes localizaron otros vehículos en situaciones similares, incluyendo furgonetas en una nave vinculada a una constructora de Vigo y un camión intervenido en Tui.

Durante el primer trimestre de 2026, la Guardia Civil localizó otros catorce camiones y remolques distribuidos entre las provincias de Pontevedra y Murcia. Los investigadores detectaron contratos supuestamente falsificados, firmas suplantadas, domicilios ficticios y el uso de sociedades sin actividad real para ocultar el destino de los vehículos.

En la intervención, se detuvo en Pontevedra al principal investigado, vinculado a sociedades en Barcelona y la ciudad del Lérez, y en Vigo al representante de una empresa de construcción. Asimismo, se investigó al administrador de varias sociedades en Poio. Durante los registros efectuados en la sede de la constructora en Vigo y en un domicilio en Pontevedra, los agentes intervinieron documentación física y digital.

La investigación también ha revelado conexiones de estas mercantiles con procesos de «quiebra» de diversas empresas del sector de los congelados. La operación ha sido liderada por el Grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de Pontevedra, con apoyo del Grupo GIAT de Tráfico.

Con todo, las diligencias continúan abiertas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Barcelona.