La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia pionera en Galicia que reconoce el derecho del personal funcionario a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos.

En un fallo con fecha del 14 de mayo de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña estima íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas por un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales.

El fallo considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. Por tanto, concluye que la Administración gallega no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

En un comunicado, CSIF destaca que «se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos». El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede «abrir la puerta a reclamaciones masivas» de empleados públicos.

Incide en que este fallo «puede sentar un precedente con impacto para miles de empleados públicos de la Xunta de Galicia».

Y es que CSIF estima que alrededor de 2.000 empleados públicos están afectados por el impago de estas compensaciones económicas durante periodos de incapacidad temporal, vacaciones y otros permisos retribuidos. El sindicato eleva esa cifra hasta cerca de 5.000 empleados públicos potencialmente afectados en el conjunto de la Xunta de Galicia.

Por todo ello, urge a la Xunta a una solución negociada que permita reconocer este derecho de forma generalizada y «evitar así miles de demandas judiciales contra la Administración autonómica».