Sumar considera que la transferencia de la AP-9 es «un paso adelante», pero que «el objetivo final tiene que ser recuperarla para lo público y eliminar los peajes».

Así, valorando el acuerdo con el PSOE y el BNG «para desbloquear» la tramitación de la ley que transferirá la titularidad de la autopista a la Xunta, reclama «dar el siguiente paso y nacionalizar apoyándose en la decisión de la Comisión Europea que declara ilegal la prórroga concesional hasta 2048».

El diputado de Sumar en el Congreso Manuel Lago asegura que hay un acuerdo alcanzado entre su grupo y el del PSOE «al que se suma el BNG», para «llevar adelante» la transferencia.

«Es una noticia positiva, un paso adelante que cumple una demanda largamente sentida por el pueblo gallego», incide.

Sobre la ley orgánica, indica que «mantiene los compromisos económicos» del Gobierno central para «asumir el coste de las bonificaciones en los peajes».

Para Lago, se trata de «un avance en la buena dirección, porque amplía competencias y porque permite que la Xunta de Galicia tenga la titularidad de la AP-9».

En todo caso, avisa de que esta transferencia «no agota el camino» ya que «es un paso adelante» pero «no la meta». «El objetivo final que tiene que ser que la AP-9 sea recuperada para lo público, que vuelva a ser una autopista de propiedad pública. Eso es lo que permitiría eliminar los peajes», incide.

«DECISIÓN INAPLAZABLE2

La transferencia «por sí sola no las elimina», alerta, y apunta que la titularidad «coloca a la Xunta ante una decisión política inaplazable y, sobre todo, ante una oportunidad que tiene que aprovecharse para nacionalizar la autopista».

Para ello, alude al «argumento jurídico de peso» toda vez que la Comisión Europea declaró ilegal la prórroga hasta 2048, y añade otro de tipo económico, ya que los recursos que se dedican cada año a subvencionar y sufragar peajes en la sombra, indica, «dejarían de pagarse».

Pide, así, «apoyarse en esta titularidad para que la Xunta de Galicia haga lo que tiene que hacer para conseguir la recuperación pública de la AP-9, utilizando para eso la decisión y el expediente de la Comisión Europea». «La AP-9 tiene que ser pública, y tiene que dejar de ser una autopista de peaje», concluye.