El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado que en el Consejo Interterritorial de Salud en el que participa este viernes no se aborde el conflicto por el Estatuto Marco médico, «el problema más importante que tiene la sanidad pública en España», que en Galicia ya ha supuesto la suspensión de 237.641 actos médicos desde diciembre.
«Nuestra posición es muy clara. Ya lo hemos dicho muchas veces: la necesidad de un marco normativo específico. Insistirle a la ministra que si no está capacitada para llevar este problema e intentar solucionarlo, lo que tiene que hacer es dejar paso a otra persona», ha señalado el conselleiro.
Insta a la responsable sanitaria, además, a tener la «sensibilidad suficiente» para comprender las reivindicaciones de los médicos y, sobre todo, «el daño que se está haciendo a todos los pacientes que están detrás de todos los actos asistenciales suspendidos».
Esta semana en Galicia se han suspendido 725 cirugías, 20.199 consultas hospitalarias, 4.964 consultas de atención primaria y 2.252 pruebas diagnósticas.
SEGUIMIENTO DE LA MAÑANA DEL VIERNES
El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de mañana de este viernes ha sido del 16,80 % en los centros sanitarios gallegos, según la información facilitada por la Consellería de Sanidade.
El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 23,13%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga ha contado con un seguimiento del 12,72%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 22,44 %.
En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 2,52% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelta tuvo un seguimiento del 16,96%.
Por centros hospitalarios, la huelga fue secundada por el 23,62 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 20,44 % en el caso de Santiago de Compostela; el 16,29 % en el caso de Ferrol; el 19,64 % en el caso del Lucus Augusti; el 20,18 % en el de Ourense; el 22,67 % en el de Pontevedra; y el 31,47 % en el de Vigo.
Con respecto a los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 6,52 % en el Hospital Público de Cee; el 19,12 % en el Hospital Público de Barbanza; el 11,97 % en el Hospital Público de A Mariña; el 12,33 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 0,00 % en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 18,03 % en el Hospital Público de Verín; y el 0,00 % en el Hospital do Salnés.
En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña y Cee, 0,82 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 2,04 %; en la de Ferrol, 5,34 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 2,17 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,53 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 2,42 %; y en la de Vigo, 4,27 %.
Asimismo, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (Ados), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fue del 1,19 %. Con todo, el Sergas cuenta con cobertura del 100 % de los servicios mínimos.
COPAGO FARMACÉUTICO
En otro orden de cosas, el conselleiro también ha afeado la falta de diálogo de la ministra respecto a otras cuestiones que «afectan directamente a la gestión sanitaria que realizan las comunidades».
Entre ellas, ha citado la reciente modificación del copago farmacéutico, en la que las comunidades venían trabajando y que el ministerio «aprobó de golpe y sin consenso». «Este cambio, aplicado sin presupuesto y sin criterios definidos, provoca prejuicios en la gestión de la financiación de las recetas que realizan los sistemas sanitarios autonómicos y las farmacias», ha explicado.
Tal y como ha detallado, las comunidades no pueden aplicar un real decreto ley que ya está en vigor desde hace días porque están pendientes de que el Gobierno central aporte toda la documentación requerida y haga las aclaraciones reclamadas por las comunidades.
