La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a la exconcejala socialista de Láncara Begoña López y a su padre a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.890 euros como autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. Además, les impone, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización a uno de los perjudicados de 39.270 euros.

Los hechos, que fueron juzgados en febrero, se remontan al año 2021, cuando la exedil, que ahora cuenta con 39 años de edad, y él, de 66, hicieron una transferencia de 2 euros a un constructor, lo que generó un pdf con una orden de pago en la que después manipularon el importe para que figuraran 39.272 euros.

Al ver la víctima el documento, creyó que se había hecho el pago y continuó con los trabajos en la vivienda, que posteriormente fueron valorados en 46.338 euros.

Durante el juicio, el constructor explicó que cuando le reclamó a ambos el pago, estos aseguraron que se trataba de un error en el banco y que estaba todo bien.

Días más tarde, una mujer llamó a la víctima identificándose como trabajadora del banco y asegurando que había sido un error de ellos, pero el hombre desconfió y descubrió después que todo era falso. Esta misma actuación se repitió, con anterioridad, con el pago de un tractor, aunque este fue devuelto porque no funcionaba y no reclamó daños.

La sentencia considera probado que los acusados concertaron la compra del tractor y, «con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito», manipularon el documento bancario.

A la vista de dicho documento, según consta en la sentencia, «el vendedor-intermediario, en la creencia de que el precio le había sido transferido al propietario, procedió a entregar el tractor a los acusados, que lo incorporaron a su patrimonio».

El tribunal concluye que los sospechosos, «que tenían un plan preestablecido, actuaron de común acuerdo y con el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito,» tanto para la compra del tractor como en el abono de los trabajos contratados al contratista, «con el que habían llegado a un acuerdo verbal».

«La conducta de los acusados evidencia una voluntad conjunta claramente destinada a producir engaño en los dos perjudicados, con la finalidad de obtener un lucro patrimonial, procurando, con la alteración de los documentos bancarios, aparentar solvencia y hacerles creer que se habían efectuado dos pagos mediante sendas transferencias bancarias a su favor, que no llegaron nunca a realizarse», subraya la sala.

El tribunal, que tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, aprecia la continuidad delictiva, «pues se elaboraron y emplearon sendos documentos mercantiles falsos en distintos momentos temporales y de forma sucesiva para cometer sendos delitos de estafa a distintos perjudicados».

La sentencia establece también una multa de 1.890 euros para cada uno de ellos, rebajando en seis meses la petición de cárcel de la Fiscalía. La acusación particular solicitaba cuatro años de cárcel para cada uno y 6.000 euros de multa.

El fallo no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).