El Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Santiago ha decidido procesar al exdirector de El Correo Gallego José Manuel Rey Novoa, al exgerente Ángel Remesar, a sus respectivas cónyuges y al responsable de Asemali Inversiones por un delito de alzamiento de bienes de 2,7 millones a través de un entramado societario para no abonar nóminas a sus trabajadores. Además, tanto a Rey Novoa como a Remesar se les imputa un delito de apropiación indebida.

En un auto de procesamiento con fecha de 20 de mayo de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza instructora Ana López-Suevos concluye las diligencias de investigación. De tal forma, da un plazo de 10 días a Fiscalía y acusación particular para que formulen un escrito de acusación en el que soliciten la apertura de juicio oral. Contra esta resolución cabe recurso.

La jueza detalla en 53 páginas los «indicios de criminalidad de bastante solidez», con base en un amplio informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de un entramado empresarial con el fin de «asegurar que el dinero, que por distintos conceptos debería ser ingresado en las cuentas de la empresa Editorial Compostela –por entonces editora de la cabecera El Correo Gallego–, circulase por las distintas cuentas bancarias titularidad de la demás mercantiles pero también de las personas físicas denunciadas». Y es que «de este modo se evitaba que las cuentas de Editorial Compostela tuviesen saldos que pudiesen ser objeto de embargos o medidas dirigidas a garantizar el cobro de los créditos por parte de los acreedores».

Concluye que Rey Novoa y Remesar «podían con esta operativa decidir libremente qué pagos afrontaban». La investigación se dirige también contra las mercantiles Editorial Compostela, Think First, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego y Asemali Inversiones.

QUIEBRA Y PRÉSTAMO DE 2,5 MILLONES DE XESGALICIA

El auto detalla una situación de «quiebra» El Correo Gallego, «acelerada por la situación derivada por el covid», en una situación precaria que se reconoce «en las actas del consejo de administración ya en el año 2018», «buscándose fórmulas de corto plazo para poder seguir recibiendo ingresos en especial de organismos públicos (campañas publicitarias de la Xunta, convenios, etcétera)».

Uno de los puntos sobre los que llama la atención la jueza instructora pasa por: «Interesante observar cómo en ocasiones Rey Novoa hasta habla de ‘voluntad política’ para rebajar el peso de ‘la mochila financiera’ o ‘movilizar toda su influencia’ con el objetivo de conseguir el préstamo público de 2.500.000 euros concedido en el año 2018 por Xesgalicia/Igape en la reestructuración financiera que realizó con sus acreedores y que le permitió continuar su actividad de manera precaria». Abanca, que era su principal acreedor, «renunció a más de 5.500.000 euros».

Este préstamo buscaba saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social, «garantizando de esta manera el ingreso de diversos convenios como con RTVG». Todo ello mientras «se ampliaba la deuda con el personal cifrado en octubre de 2020 en 4.700.000 euros».

Igualmente, la mercantil propietaria, Editorial Compostela, «consiguió sobrevivir a través de préstamos (bancarios y particulares), lo cual no le impidió recibir múltiples embargos». Entró en preconcurso judicial en febrero de 2022. «Ni siquiera después de la reestructuración financiera se atendió con normalidad a los múltiples acreedores ni tampoco a la devolución del préstamos de Xesgalicia», agrega.

Paralelamente a este caso, un juzgado de lo mercantil de A Coruña consideró culpable en 2024 el concurso de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Sentenció que hubo «cuentas irreales».

En noviembre de 2022, el mismo juzgado otorgó la venta de Editorial Compostela a Prensa Ibérica –grupo de comunicación sin relación con esta causa dueño de cabeceras como Faro de Vigo– por 1,6 millones.

OPERACIONES «IMPROPIAS»

Según el relato judicial, Rey Novoa intentó deshacerse de Editorial Compostela y Think First en los últimos meses de 2022, «no pudiendo llevarlo a cabo de manera definitiva».

El ahora investigado recurrió a «operaciones cuanto menos impropias, pues en dos ocasiones vendió la mercantil para posteriormente readquirlirla» con precios de solo un euro. Estos negocios los hacía con «personas con antecedentes por estafa o una mercantil sin presunta capacidad económica para asumir las deudas que arrastraban».

Entre otras dinámicas se apunta a «la pignoración de derechos de cobranza futura en especial con CRTVG» o contratos de cesión de crédito. «Dado que Editorial Compostela tenía múltiples embargos, se entiende que era una manera de poder saldar deudas con acreedores y también de seguir operando en el tráfico mercantil sin las limitaciones de los embargos».

La investigación detalla decenas de cuentas bancarias a nombre de los investigados. En relación al exdirector de El Correo Gallego y a su mujer, se apunta que «las cuentas de los investigados se confunden con las de las empresas». Y con cargo a cuentas con acceso de la mujer de Remesar se compran inmuebles en Cornes, en Santiago.

«UNIDAD DE CAJA»

Especial peso tiene en la investigación un extenso informe de la UDEF que determina que este conglomerado de empresas «se comportan como un grupo de empresas con unidad de caja», «de modo que los ingresos y los gastos relativos a la actividad de El Correo se reparten entre las diferentes cuentas de las cinco empresas que conforman el grupo», unido a que estos «movimientos también se producen en cuentas personales en las que participan los investigados».

Es decir, las diferentes sociedades son una «única realidad», «siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades», «tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores».

El fin es evitar que «sus cuentas tengan efectivo que pueda ser embargado por los organismos públicos acreedores». En resumen, un entramado con «una distinción artificiosa de sujetos jurídico» para no hacer frente al pago de deudas ante la Seguridad Social.

El hecho es que Editorial Compostela funcionaba como empresa operativa, que cuenta con la marca como principal activo y en donde El Correo seguía recibiendo ingresos de publicidad, que se «esconden» para evitar asumir obligaciones. Mientras, el resto de compañías «nunca tuvieron trabajadores dados de alta».

En este contexto, los pagos a los trabajadores «eran decididos en cada momento por Rey Novoa y Remesar» y se hacían «de modo irregular», hasta acumular una «cuantía muy elevada». A pesar de que los empleados presentaron demandas, los intentos de cobro fueron infructuosos debido a que los saldos de las cuentas de Editorial Compostela «se mantenían insuficientes». Por tal motivo, el Fogasa se vio obligado a hacer frente ante la insolvencia.

Y todo al tiempo que Rey Novoa y Remesar seguían cobrando «elevados salarios». Finalmente, se apunta a un alzamiento de bienes de 2,7 millones: un millón debido a trabajadores y 1,7 millones pendientes de abonar al Fogasa.

NAVE PARA NETFLIX Y DESAPARICIÓN DE OBRAS DE ARTE

Uno de los puntos que se recoge es el supuesto uso del administrador de Asemali Inversiones como «testaferro» de Rey Novoa mediante el alquiler de una nave en el polígono para una serie de Netflix y que así el dinero no llegase a acreedores.

Por otra parte, la jueza pone el foco sobre la desaparición de varias obras de arte de la colección que había en la nave de El Correo, entre las que se encuentran piezas de Antón Lamazares.