La representación sindical de los trabajadores de la concesionaria de parques y jardines de Santiago, PreZero, ha asegurado «no fiarse» de la empresa en la negociación del convenio colectivo y ha solicitado mediación a través del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo (AGA).

«Consideramos que actúan de mala fe y lo único que hacen es cambiar la propuesta en cada reunión; cosas ya acordadas aparecen y vuelven a aparecer», ha denunciado la presidenta del comité de empresa, Elisa Ares, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que ha estado acompañada de otros compañeros.

En este momento, el comité está esperando a la convocatoria del AGA para continuar con las negociaciones. De no llegar a un acuerdo «en un corto plazo», propondrá movilizaciones a la plantilla y no descarta la posibilidad de huelga.

Según ha explicado Ares, tras «un año y medio de negociación», el mes pasado se llegó a un acuerdo y la empresa dio dos opciones, a elegir entre ellas. En consecuencia, la representación de los trabajadores las llevó a una asamblea, donde se eligió una «por una larga mayoría».

Al día siguiente, la propia Elisa Ares –según su relato– comunicó el resultado a la empresa, que quedó en devolverle la llamada y convocar otra reunión. El día anterior a este nuevo encuentro, la empresa comunicó que presentaría otra opción y así ocurrió, de forma que propuso «otra cosa completamente diferente».

En este sentido, Ares cree que «no existe voluntad real de llegar a un acuerdo»: «No nos atrevemos a volver a convocar una asamblea de trabajadores, poner una cosa en conocimiento de la plantilla y volver a firmar a un acuerdo». Tras lo sucedido, el comité solicitó mediación al AGA el miércoles de la semana pasada con el fin de que «alguien que tome nota de lo que allí pasa».

Paulo Rubido, asesor de la CIG-Servizos, ha valorado la situación como «absolutamente excepcional», ya que –en sus palabras– «es la primera vez» que se produce «una situación de mala fe» en el ámbito de las contrataciones municipales en Santiago. «La legalidad vigente habla incluso de mala fe como un concepto sancionable», ha rechazado.