El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos favorables de todos los grupos de la Cámara, demandar al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Educación que adopte medidas para garantizar la continuidad del programa de auxiliares de conversación.

Asimismo, la proposición no de ley, llevada a la Cámara por el Grupo Popular, pide que se establezca un marco jurídico y laboral «claro, estable y común» para todas las comunidades.

También incluye reclamar que cualquier decisión que se tome asegure que no se repercutan los costes extraordinarios para la Xunta que, añade, «ya financia casi en su totalidad el programa».

BIBLIOTECA VIGO

Por otro lado, ha salido adelante otra propuesta de los populares, que ha contado con el apoyo del BNG y la abstención del PSdeG, con demandas al Ayuntamiento de Vigo y al Gobierno central para que impulsen el proyecto de la biblioteca pública del Estado en la ciudad olívica.

La iniciativa, defendida este miércoles por la popular Patricia García, reclama instar a la Xunta a dirigirse al Ayuntamiento de Vigo para que, en el plazo máximo de un mes, le ceda al Gobierno la parcela situada en la rúa Lalín, en la que se prevé la construcción de una biblioteca pública del Estado.

Del mismo modo, pide dirigirse al propio Ejecutivo central para que adopte las medidas necesarias para impulsar la licitación del proyecto de construcción del inmueble.

RECHAZADAS PSDEG: LGTBI Y VIVIENDA

En esta misma sesión plenaria, la Cámara ha rechazado, con el voto negativo del PPdeG, dos proposiciones no de ley del PSdeG en materia de políticas de lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI y sobre vivienda pública.

En primer lugar, los socialistas pedían un compromiso con la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI+ (2025-2028), integrando sus medidas en las políticas autonómicas, participando en la coordinación institucional y garantizando la incorporación de planes que impulsen la igualdad real del colectivo en Galicia.

También fomentar la colaboración con las organizaciones del colectivo en Galicia, promoviendo programas conjuntos para atención a las víctimas de delitos de odio, la sensibilización social y la visibilización de la diversidad sexual y de género.

Por otro lado, entre otras cosas, esta iniciativa exigía impulsar programas de formación específicos para el personal de las administraciones públicas y desarrollar campañas de sensibilización y educación afectivo-sexual en centros educativos gallegos.

En cuanto a la propuesta sobre las viviendas públicas construidas en Galicia desde 2009 hasta la actualidad, el PSdeG reclamaba a la Xunta que presentase, en el plazo de un mes, un informe «completo y detallado» sobre las viviendas construidas.

Ese informe, sostiene la iniciativa, debería incluir el número de viviendas públicas desde 2009, la relación desagregada por ayuntamientos y su estado de ejecución o finalización y la relación de los municipios en los que no se construyó ninguna vivienda pública.

Del mismo modo, exigía que se hiciese pública esta información y se garantizase su actualización periódica en la página web oficial del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

RECHAZADAS BNG: LIBRO EN GALLEGO Y PLANTA DE BIOGÁS

Al igual que las anteriores, el voto en contra del Grupo Popular ha tumbado dos propuestas del Bloque relacionadas con el sector del libro y con la planta de biogás que se está promoviendo en A Laracha.

La primera de las iniciativas instaba a la Xunta a consensuar con los agentes del libro gallego y de la lectura un plan de impulso que permita «recuperar el carácter estratégico y prioritario del sector del libro a la altura de su importancia cultural, social y económica».

En cuanto a la planta de biogás en A Laracha, la proposición no de ley de los nacionalistas pedía reclamar al Gobierno gallego que no declare este proyecto como estratégico y denegar su autorización ambiental.

Además, exigía elaborar una normativa reguladora de las plantas de biogás y su implantación en Galicia y, mientras no esté en vigor, que se proceda a la paralización de la tramitación administrativa del actual proyecto.