La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (FeSMC-UGT) de Galicia ha presentado una denuncia formal ante la Inspección Provincial de Trabajo en Vigo contra Kebel Logistics, una subcontrata de Amazon y de la plataforma Glovo para el reparto de pedidos por supuestamente «coaccionar» a empleados para firmar bajas voluntarias.
En un comunicado, el sindicato ha asegurado que la compañía está ejecutando una «agresiva y desesperada maniobra de coacción» contra sus repartidores con el objetivo de «reventar las elecciones sindicales» convocadas para el próximo 21 de mayo.
«La dirección de la empresa, tras tener conocimiento de que UGT estaba logrando articular una candidatura democrática formada por los repartidores de la plataforma Glovo dentro de la compañía, ha desatado una auténtica caza de brujas. Sin el menor pudor, los mandos de la contrata encargada de los envíos de Amazon están enviando mensajes imperativos e individuales de WhatsApp a los trabajadores para obligarlos a firmar documentos de baja voluntaria», indica la organización sindical.
Según UGT, «para doblegar la voluntad de los repartidores -un colectivo expuesto a una extrema precarización y dependiente del gigante del comercio electrónico y de las plataformas de reparto-, la empresa utiliza un chantaje tóxico y fraudulento».
Así, según el sindicato les exige fechar su «dimisión» el 17 de mayo bajo la «falsa promesa de que los volverán a reincorporar de forma idéntica el 25 de mayo o el 1 de junio».
«Estamos ante un insulto a la democracia y a los derechos de la clase trabajadora. No podemos tolerar que una empresa que gestiona los pedidos de una multinacional de la entidad de Amazon en nuestra comarca utilice métodos propios de otras épocas para amordazar a los repartidores. Exigimos que la Inspección de Trabajo se persone de manera fulminante en la sede de la empresa en O Porriño, paralice de inmediato este fraude y sancione de forma ejemplar a los responsables de esta cacicada», reivindica UGT, advirtiendo de que llegará hasta las últimas consecuencias en los tribunales si es necesario, exigiendo la declaración de «nulidad radical» de cualquier cese fraudulento.
