El grupo provincial del PP en la Diputación de Lugo ha acusado a la presidenta del organismo, Carmela López, de mantener «el mismo sectarismo» que, según los ‘populares’, caracterizó la etapa de José Tomé, al continuar utilizando convenios nominativos «a dedo» para beneficiar a ayuntamientos gobernados por PSOE y BNG.

El portavoz provincial del PP, Antonio Ameijide, ha asegurado que desde la toma de posesión de López el pasado 14 de enero, la Diputación ha concedido 1.373.579,72 euros mediante este sistema de convenios a municipios afines políticamente.

«Está claro que Carmela López, lejos de apostar por la igualdad de trato entre los ayuntamientos, mantiene la práctica heredada de repartir convenios nominativos exclusivamente entre municipios gobernados por PSOE y BNG», ha criticado.

El dirigente ‘popular’ ha lamentado que, con la llegada de la nueva presidenta, «se hayan mantenido los vicios adquiridos» en anteriores etapas y considera que se ha consolidado «una política basada en la afinidad política y no en las necesidades reales de los vecinos de la provincia».

Además, Ameijide ha señalado que algunos de estos convenios financian actuaciones que podrían incluirse dentro del Plan Diputación, por lo que ha denunciado que el gobierno provincial «sigue apoyando actuaciones al margen del Plan, por la puerta de atrás y únicamente para los suyos».

En este sentido, ha recordado que PSOE y BNG rechazaron en varias ocasiones incrementar la dotación económica del Plan Diputación, una herramienta que, según ha explicado, constituye «el sistema más justo de reparto de fondos» entre los municipios lucenses.

«UN ÚNICO DESPISTE»

Antonio Ameijide ha ironizado también con lo que califica como «un despiste» de Carmela López con el Ayuntamiento de Ribadeo, que recibió un convenio por importe de 27.299,83 euros, una cantidad que, ha destacado, se sitúa «muy por debajo» de la aportación municipal, fijada en 54.599,66 euros.

Para el portavoz popular, este caso «parece más un descuido que un cambio de criterio», especialmente cuando algunos de los convenios firmados con ayuntamientos gobernados por PSOE y BNG «superan ampliamente los 200.000 euros».

Ameijide ha acusado también al gobierno provincial de utilizar la Diputación y sus recursos «como una herramienta al servicio de intereses partidistas», discriminando a los municipios en función del color político de sus alcaldes.

«Los lucenses merecen una Diputación transparente, igualitaria y que trate a todos los ayuntamientos sin mirar el color político de quien gobierna. Lo que estamos viendo hasta ahora es más de lo mismo: propaganda, sectarismo y uso partidista del dinero de todos», ha concluido.