El Colectivo Galego de Enxeñeiros de Montes e Forestais denuncia que la Xunta «incumple» una sentencia en relación con los procesos de estabilización de empleo público derivados de la Lei 20/2021. En concreto, apunta a que el conflicto afecta al colectivo incluido en el concurso de méritos para personal temporal de larga duración.
«La sentencia correspondiente al procedimiento ordinario 276/2023, junto con su auto aclaratorio de octubre de 2024, obligaba a la Administración autonómica a ampliar de 14 a 23 las plazas ofertadas para ingenieros de montes en dicho concurso de méritos. Sin embargo, a pesar de que la resolución judicial adquirió firmeza en enero de 2025, la Xunta no ejecutó el establecido por el tribunal», explica en un comunicado.
Sobre esta cuestión, fuentes de la Consellería de Facenda explican a Europa Press que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) «declaró en un auto la imposibilidad legal de ejecución de dicha sentencia, dado que nueve plazas, del total de las 24 incluidas en el proceso extraordinario de estabilización derivado de la Lei 20/2021, se habían adjudicado en procesos de estabilización convocados y resueltos previamente».
Mientras, los ingenieros forestales explican que «el auto emitido por el tribunal en marzo de 2026 únicamente contempla como alternativa la posibilidad de reclamar una indemnización por la pérdida de oportunidad de acceso a la condición de funcionario público», una solución que el colectivo considera «insuficiente y profundamente injusta después de acumular décadas de contratos temporales en abuso, toda vez que, a día de hoy muchos de ellos se encuentran en situación de desempleo o con nuevos contratos temporales tras décadas de precarización laboral».
Así, critican que esta decisión de la Xunta supone «en la práctica dejar sin efecto una sentencia firme y frustar la posibilidad de acceso a la función pública de las personas que acudieron a los tribunales para defender sus derechos».
«La Xunta conocía perfectamente que, inmediatamente después de que la sentencia adquiriera firmeza, existían plazas que cumplían los requisitos exigidos por la Ley 20/2021 lo que permitía ejecutar la resolución judicial. No obstante, dichas plazas no fueron reservadas y terminaron siendo adjudicadas a personas procedentes de procesos selectivos previos al concurso de méritos, pese a que existían otras vacantes alternativas para ese personal», razonan.
«Esta actuación es interpretada como una muestra de mala fe administrativa y también de agravio comparativo respecto de otros colectivos de la propia Administración autonómica». Como ejemplo, se señala el caso del personal de las brigadas de extinción de incendios forestales, «donde llegó incluso a paralizarse una oposición en marcha para ampliar plazas y dar cumplimiento a una sentencia de características semejantes».
Por todo ello, acusa a la Xunta de «una estrategia deliberada de dilación destinada a generar una situación de imposible incumplimiento».
