La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), junto a CCOO y UGT, han criticado la falta de compromiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para modificar el real decreto que regula el fondo de compensación para las victimas del amianto.

Tras una reunión mantenida el pasado 22 de abril con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, tanto víctimas como sindicatos pusieron como objetivo reclamar cambios en el Real Decreto 483/2025, que desarrolla la Ley 21/2022 de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Durante la reunión, Suárez trasladó que hasta ahora se han presentado 302 solicitudes de indemnización y que únicamente se han aprobado 61, aunque defendió que el fondo «se está poniendo en marcha de forma progresiva y de una manera razonablemente buena».

El secretario de Estado también señaló que La Rioja y Baleares aún no han constituido las comisiones de valoración previstas en el real decreto, encargadas de emitir informes sobre el nexo causal entre las enfermedades y la exposición al amianto.

Fedavica, CCOO y UGT expresaron su «discrepancia» con la valoración del Ministerio y denunciaron la «frustración» existente entre las víctimas por tres cuestiones principales: las cuantías de las indemnizaciones, que consideran inferiores a las obtenidas por vía judicial; el reducido número de expedientes aprobados; y la ausencia de exención del IRPF para estas compensaciones.

Las organizaciones criticaron además que el reglamento haya dejado temporalmente fuera a tres colectivos reconocidos en la ley: las personas con indemnización reconocida por sentencia que no pueden ejecutarla por desaparición de la empresa condenada, los afectados por exposición ambiental al amianto y los herederos de fallecidos.

También reprocharon que no se incluyan determinadas patologías relacionadas con el amianto, como casos de asbestosis sin restricción respiratoria o afecciones fibrosantes de pleura y pericardio con limitaciones respiratorias o cardíacas.

INDEMNIZACIONES EXENTAS DE IRPF

Con respecto a la fiscalidad, reclamaron que las indemnizaciones queden exentas del IRPF, como ocurre con otros colectivos de víctimas, y advirtieron de una posible «discriminación» respecto a País Vasco y Navarra, donde las haciendas forales sí contemplan esa exención.

Según los sindicatos, el secretario de Estado se limitó a comprometerse a trasladar las reclamaciones a la ministra Elma Saiz y a ofrecer una respuesta «en un plazo razonable», sin asumir medidas concretas.

Fedavica, CCOO y UGT defienden que corregir estas «deficiencias» resulta imprescindible para que el fondo cumpla el objetivo previsto en la ley, que tiene como foco evitar que las víctimas tengan que recurrir a largos procesos judiciales para obtener compensaciones por los daños.