El concejal de Hacienda y Personal de Santiago, Manuel César, ha defendido que la sentencia que declara nula la resolución que llevó a la jubilación forzosa del anterior interventor «no reconoce ningún tipo de derecho de tenerlo que readmitir»: «Lo que dice es que se subsane un error material –la falta de un informe– y que se emita una nueva resolución».

En una rueda de prensa posterior, el concejal José Ramón de la Fuente (PP) ha anunciado que le ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la documentación completa relativa a este proceso y ha acusado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de realizar «una purga» y de «apartar a un interventor incómodo».

El fallo del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), con fecha del 8 de abril, obliga al Consistorio a retrotraer el proceso incluyendo un informe de la jefa del área de recursos humanos. La decisión anula una anterior emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, que era favorable para el Consistorio y que no consideraba que este informe fuese obligatorio, como sí lo hace el nuevo fallo.

Ahora, el Ayuntamiento tiene la opción o bien de presentar un recurso de casación o de directamente acatar la decisión del tribunal y elaborar el informe reclamado de cara a una nueva resolución. Con todo, César, que ha aludido a ambas posibilidades, todavía no ha aclarado por qué vía se optará.

En cualquier caso, el edil de gobierno ha insistido en que este es «un requisito formal» que «no pone en cuestión» los motivos que sostienen la decisión tomada. «Esta sentencia se que queda en el fondo de la forma que se siguió en este caso», ha añadido.

De este modo, César cree que la sentencia del TSXG «contradice en cierta medida» lo juzgado por el anterior anterior tribunal, «para el que no era necesario obligatorio el otro informe». Así, ha justificado que la decisión está basada en varios informes, emitidos por diferentes responsables del Ayuntamiento.

EL PP SOLICITA TODA LA DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, De la Fuente cree que esta es la «confirmación» de que la alcaldesa «apartó de su cargo a un interventor incómodo» y la ha acusado de ejecutar «una purga». Por estos motivos, el PP ha registrado un escrito con el que solicita al Ayuntamiento la documentación completa.

«Una sentencia confirma lo que nos temíamos: el gobierno del BNG ha infringido la ley para apartar a un función incómodo», ha censurado. Le ha achacado tomar la decisión, que a su modo de ver es «premeditada y perfectamente calculada», porque el interventor realizaba sus funciones «con independencia».

Además, en concreto, le ha acusado de solicitar el informe «el mismo día que la funcionaria encargada de emitir un informe se va de vacaciones». También ha asegurado que la regidora «mintió» al interventor y le dijo que «no había problema con su petición de prolongación de servicio activo».

«Goretti Sanmartín retorció el procedimiento y mintió. No solo le niega una solicitud que un años antes había sido autorizada exactamente en las mismas condiciones, sino que le miente para causarle un prejuicio personal innecesario. Mala alcaldesa y mala persona», ha aquejado.