La Consellería del Mar ha presentado sus observaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con las que agota la vía judicial para intentar que se anule el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Nororiental (España, Francia, Irlanda y Portugal) dictado en el 2022, que considera «injusto»
Según recoge un comunicado, a los argumentos del Gobierno gallego se ha sumado Irlanda, que «coincide en que la decisión de la Comisión Europea contiene errores de Derecho», por lo que se pide que la resolución quede sin efecto. Además, solicita con carácter subsidiario, en caso de que el estado del litigio no permita un dictamen definitivo, la devolución del asunto al Tribunal General para que dicte una nueva sentencia.
La Comunidad fundamenta su posición en cuatro grandes motivos. En primer lugar, considera que se produjo una «incorrecta» evaluación del impacto de la pesca de fondo. «La Comisión basó su análisis en datos relativos a las artes móviles, sin tener en cuenta las características de artes fijas como el palangre de fondo, cuyo impacto sobre el fondo marino es sustancialmente inferior o mismo inexistente», esgrime.
También cuestiona, en segundo lugar, el método empleado para delimitar las zonas de cierre, ya que cree que la inclusión de áreas en las que –según la Xunta– no consta la presencia ni la probabilidad de existencia de ecosistemas marinos vulnerables «carece de base jurídica suficiente y no supera el test de proporcionalidad». Además, critica el uso de riesgos «meramente hipotéticos» para justificar restricciones amplias.
En tercer lugar, la Xunta sostiene que el Tribunal General realizó una «aplicación errónea» de las normas de la Política Pesquería Común y de la jurisprudencia relevante. Asimismo, asegura que no se realizó una «adecuada ponderación» de los intereses socioeconómicos afectados y «se transformó el margen de apreciación del legislador en una presunción automática de proporcionalidad».
Por último, denuncia que no se tuvieron en cuenta de manera suficiente los efectos adversos de las medidas sobre la flota gallega de palangre y sobre las comunidades costeras que dependen de esta actividad, «evidenciando una insuficiente consideración de los intereses socioeconómicos en juego».
