El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Gobierno cumple así con «otra de las demandas de las víctimas» y con «uno de los puntos centrales» del «histórico» acuerdo Iglesia-Estado para la reparación a víctimas de abusos, al tiempo que «refuerza el compromiso que mantiene con ellas».

La exención fiscal aprobada también afectará a las indemnizaciones que la Iglesia católica haya pagado o pague a través de sus propios sistemas.

Esta medida ya fue avanzada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 30 de marzo, tras la firma del protocolo entre Gobierno, Conferencia Episcopal Española (CEE), Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Defensor del Pueblo, para la reparación a víctimas de abusos en la Iglesia.

En aquella ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, señaló que desde la Iglesia hablaron de «la importancia de que por parte del Gobierno se dieran pasos a la hora de la exención fiscal de lo que suponen estas indemnizaciones».

«Para que esta desgravación, que esperamos se produzca si el Ministerio de Hacienda, ahora con nuevo responsable, da este paso, hace falta que esa condición de víctima sea reconocida y no por una entidad privada», puntualizó Argüello entonces.

Esta medida se toma en el marco del acuerdo firmado entre Gobierno e Iglesia el pasado 8 de enero, que concreta una nueva vía por la que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos casos no puedan ser resueltos por la vía judicial, bien porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido, puedan solicitar una reparación, ya sea económica, simbólica, restaurativa o espiritual. Las solicitudes pueden presentarse desde el pasado 15 de abril.

Se trata de un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tiene la última palabra y la Iglesia paga las indemnizaciones.