El director de la Axencia Galega de Infraestrutras, Francisco Menéndez, ha censurado la «falta de respuesta» por parte del Gobierno central a la propuesta del Ejecutivo autonómico para minimizar la subida de los peajes en la AP-9 prevista a partir del 1 de enero, al tiempo que ha denunciado que la gestión del Estado con la Autopista del Atlántico supone un «agravio» hacia Galicia respecto a «lo que hace en otras comunidades» con infraestructuras similares.

Menéndez ha comparecido este viernes ante la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos para informar sobre la proposición remitida al Ministerio de Fomento el pasado 11 de diciembre para minorar el incremento de las tarifas para circular por la AP-9 planteada por la empresa concesionaria, Audasa, a partir de comienzos de 2020.

De acuerdo con las previsiones, el incremento del coste de los peajes de la AP-9 en 2020 (que es una propuesta que hacen las concesionarias, en este caso Audasa, pero que debe aprobar el ministerio a finales de año) será del 2,64%.

Al 0,84% que se corresponde con la subida del IPC (modulada con la frecuencia de tránsitos), que es lo que aumentarán las tasas de otras autopistas, en el caso de la AP-9 se le suma un 1% para financiar la mencionada ampliación (en el puente de Rande y en Santiago, una tasa que se prolongará en el tiempo hasta 2038) y un 0,8% por la subvención a quien hace el trayecto Vigo-Pontevedra con telepeaje (cuyo pago es el último en 2020).

La propuesta del Gobierno gallego remitida a Fomento el 11 de diciembre en una carta firmada por la conselleira del ramo, Ethel Vázquez, pasa por la revisión del acuerdo con la concesionaria que recoge la financiación de las obras de ampliación con subidas acumulativas de los peajes durante 20 años, lo que, según censura Infraestruturas, «supone pagar 1.400 millones por obras que costaron 230».

Establece la fórmula para afrontar el coste de las obras acometidas a través de los presupuestos generales del Estado en lugar de con subidas de peaje, «limitando los beneficios injustificados de la concesionaria».

En concreto, el resultado de los cálculos de la Consellería es «que el pago constante de la Administración a la concesionaria durante cinco años para compensar ambos convenios es de 53,19 millones de euros anuales y 265,94 millones de euros totales». Esto es, lo que requiere es un pago anual a la concesionaria durante cinco años de 53,19 millones de euros.

La Xunta también plantea «complementar» la bonificación que se está aplicando con otro nuevo descuento del 25% a los usuarios que realicen trayectos de ida y vuelta en el día por la autopista. El coste anual de esta medida, para el primer año, lo estima en 12,9 millones de euros.

Así lo ha expuesto este viernes ante los grupos con representación en la Cámara el responsable de la Axencia Galega de Infraestrutras, que ha detallado los mecanismos económicos para aplicar estas compensaciones y ha mostrado su escepticismo sobre los cálculos de Audasa para justificar las subidas, como los costes de conservación, una tasa de capitalización «excesiva» o la estimación «sobrevalorada» del impuesto de sociedades a pagar por la concesionaria.

Menéndez ha sido reprendido por los representantes de Común da Esquerda, Marcos Cal, y BNG, Luís Bará, quienes han considerado una «burla» y una «pantomima» que el Gobierno gallego informe ante la Cámara de esta propuesta quince días después de haber sido enviada a Fomento y presentada a los medios de comunicación.

Por su parte, el diputado socialista Luís Álvarez tachó de «fuego de cobertura» la presencia del director de Infraestruturas en el Parlamento para colaborar en el «juego de la terna de agravios» hacia Galicia que, según el del PSdeG, está inmersa la Xunta desde la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa.

«DESEQUILIBRIO» Y «ASIMETRÍA»

Durante su intervención, Francisco Menéndez ha destacado como «realista y viable» la propuesta de la Xunta para minorar el incremento de los peajes en la AP-9 que se producirán mientras «otras autopistas» autonómicas pasarán a ser gratuitas a partir del próximo año y de 2021 como consecuencia del fin de las concesiones, lo que supondrá la reversión de los contratos.

Frente a esto, ha continuado, para la AP-9 (que explotará Audasa hasta 2048 como resultado de la última ampliación de la concesión concedida por el gobierno presidido por el popular José María Aznar) está previsto un «incremento extraordinario» de las tarifas que la convertirán «en la segunda más cara de todo el Estado», lo que provoca «efectos de asimetría» para la comunidad y «pérdida de competitividad» para su economía.

Tras poner el foco en que con el anterior gobierno en el Estado se abrió «una interlocución inédita» con la Xunta a través de la creación de una comisión bilateral en 2017 que acordó medidas como «la mejora en la gestión de los atascos en verano» o la supresión del peaje de Redondela, Francisco Menéndez ha asegurado que esta colaboración institucional cambió tras la llegada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, especialmente desde que el ejecutivo está en funciones.

GRUPOS

Los grupos de la oposición han cargado contra la Xunta porque consideran que su actitud «reivindicativa» frente al Gobierno central se produce tras el cambio de gobierno después de «años» de «silencio» frente a los «agravios que ahora denuncian».

Durante el turno de las fuerzas, socialistas y populares han cruzado reproches culpándose mutuamente de la situación actual de la AP9 después de los convenios firmados con Audasa primero en 2011 con José Blanco (PSOE) en Fomento y dos años después por su sucesora Ana Pastor (PP).

«El voto del BNG en la investidura se va a pagar caro», ha asegurado el nacionalista Luís Bará, que ha incidido en que la AP9 será uno de los asuntos claves para que Pedro Sánchez logre el apoyo del diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, de cara a la investidura.

«Los 11 diputados gallegos del PP son los que van a tener peso en la legislatura», ha replicado el popular Martín Fernández Prado, que ha señalado que «el agravio» hacia Galicia «se produce cuando se cambian las condiciones» de la concesión «que es en 2018» y «no en la extensión» del contrato de explotación. «Esperemos que el voto del BNG a Sánchez venga con la AP9 gratuita y transferida», ha apostillado el diputado popular.