La parlamentaria del PSdeG Patricia Iglesias ha acusado a la Xunta de «repetir con la empresa del exministro Montoro» el «manual de Altri»: «Utiliza el Parlamento para no dar información».

Así lo ha denunciado la diputada socialista en una nota de prensa, apuntando a la comparecencia esta semana del secretario xeral Técnico e do Tesouro de la Consellería de Facenda, David Cabañó, en Comisión en la Cámara gallega donde, ha señalado Iglesias, «no dio ninguna respuesta ni entregó ningún documento».

«La Xunta sigue negando al grupo socialista el acceso a la copia de los expedientes de contratación relacionados con los 13 contratos adjudicados a dedo a Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, actualmente investigado por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude contra la administración pública», ha criticado.

El único acceso concedido, ha asegurado Iglesias, fue presencialmente en la Consellería para consultar los expedientes «sin posibilidad de llevar copia».

En ese momento, la diputada del PSdeG ha expuesto que lo que encontraron no fue «un trabajo técnico riguroso». En concreto, ha mencionado «borradores sin firmar, notas de siete páginas facturadas entre 8.000 y 13.000 euros, un PowerPoint de la fusión de las cajas gallegas e informe que ni siquiera citaban la normativa gallega, solo la legislación estatal».

Ante la negativa a entregar la documentación, el Grupo Socialista ha anunciado que ha vuelto a registrar una nueva petición formal de copia de todos los contratos al amparo del artículo 9 del reglamento y presentó además una solicitud a través del portal de transparencia de la Xunta. «Lo que tienen que esconder es la pregunta que el PP no quiere responder. Llegaremos hasta donde haga falta», ha advertido.

INFORME AIREF

Por otro lado, Patricia Iglesias se ha pronunciado sobre el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) conocido este viernes y que prevé que Galicia incumplirá la regla de gasto nacional este año (del 3,5%) al incurrir en un aumento del 4,3% del gasto computable de la comunidad.

Para la parlamentaria socialista, la razón no está «en el lado del gasto público», sino en «la irresponsable política de bonificaciones fiscales selectivas que aplica el gobierno de Rueda en favor de las rentas y patrimonios más altos».