La CIG ha puesto en marcha una campaña informativa y de movilización bajo el lema ‘El absentismo no es un problema, es un síntoma’, con el objetivo de desmontar lo que consideran un discurso impulsado por la patronal y la Xunta que responsabiliza a la clase trabajadora de las ausencias laborales por motivos de salud.

En el marco de esta iniciativa, la central sindical ha convocado este jueves 16 de abril concentraciones ante edificios administrativos de la Xunta en más de una docena de ciudades y localidades gallegas, que han estado precedidas por asambleas de delegados y delegadas para analizar la situación del absentismo.

En la concentración de Pontevedra, frente a la sede territorial de la Xunta en Campolongo, ha participado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que ha defendido que «la salud es un derecho y enfermar no es un crimen».

El dirigente sindical ha criticado al presidente autonómico, Alfonso Rueda, por promover «de forma escandalosa» una narrativa alineada, ha reprochado, «con las demandas empresariales».

En esta línea, ha manifestado que el absentismo laboral responde en realidad a problemas estructurales. Entre ellos, ha destacado el envejecimiento de la población trabajadora con un aumento significativo de las personas mayores de 55 años en la última década y la siniestralidad laboral, señalando que más de la mitad de las personas fallecidas en accidentes de trabajo el último año pertenecían a ese grupo de edad.

Del mismo modo, también ha alertado del «deterioro acelerado» de la sanidad pública gallega, que atribuye a «un proceso de privatización». Para Carril, el incremento de las listas de espera y de las intervenciones quirúrgicas pendientes agrava los tiempos de recuperación de las enfermedades.

A ello ha sumado el aumento de los ritmos de producción y la precariedad laboral, factores que, en su opinión, inciden directamente en la salud de las personas trabajadoras.

En este contexto, Paulo Carril ha tachado de «obsoleta» la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, al considerar que no responde a las necesidades actuales de protección.

Para la central nacionalista, el debate abierto por la Xunta sobre el absentismo busca no solo «criminalizar» a quienes enferman, sino también «justificar recortes en derechos laborales como la reducción de jornada o las medidas de conciliación».

Asimismo, el sindicato ha vinculado las políticas autonómicas con decisiones adoptadas a nivel estatal. En concreto, ha criticado el acuerdo de pensiones firmado en septiembre de 2024 en el marco del diálogo social, al entender que facilita que las mutuas asuman mayores competencias en el tratamiento de dolencias musculoesqueléticas. Según Carril, esta medida abre la puerta a iniciativas como la planteada por la Xunta para establecer convenios entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y dichas entidades privadas.

La CIG concluye que estas políticas refuerzan un modelo que, en su opinión, pone en riesgo la salud laboral y responsabiliza injustamente a los trabajadores, por lo que avanzan que mantendrán las movilizaciones para visibilizar esta situación.